El proyecto de ley 167 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se encuentra ya en la espera de ser sancionado por el Órgano Ejecutivo luego que anoche el pleno de la Asamblea Nacional lo aprobara en tercer debate de manera unánime.
Con el documento se ampliará a 31 el número de sectores que deben implementar los controles y la supervisión para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
Dentro de las nuevas actividades que serán supervisadas están: las casas de empeño, las casas de cambio, las compañías dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, las empresas de Zona Libre de Colón, las promotoras y corredores de bienes raíces, los casinos y juegos de azar, los abogados, los contadores, auditores y notarios, entre otros.
Con esta iniciativa, según el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia se espera que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
El pleno de igual manera aprobó en tercer debate el proyecto de ley 183 que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones al portador, con el fin de que este sistema entre en vigencia a partir de la promulgación de esta ley.
Mientras que aquellas sociedades que hayan emitido estas acciones tendrían hasta el 31 de diciembre de 2015 para que estos certificados estén en manos de un custodio autorizado.
También fue avalado en tercer debate el proyecto 190 con el cual se adopta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial.
Con este documento, los pilotos extranjeros que actualmente laboran en aerolíneas locales, podrán laborar en Panamá hasta por 18 años.
La legislación inicial permitía un período de tres años renovables por otro de tres años más para estos pilotos, pero con la norma, se le concederían tres períodos laborales con una duración de seis años.
Estos dos períodos sucesivos adicionales con duración de seis años, se permitirían siempre que la aerolínea o empresa en desarrollo mantenga un 85% de trabajadores panameños del total de su personal.