‘Código Procesal Penal’

Asamblea aprueba restablecer plazos de prescripción de penas

La diputada Gómez explicó que esta es una norma adjetiva y no tiene absolutamente nada que ver con el tipo penal ni con el aumento de penas.

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Ana Matilde Gómez junto al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, tras la aprobación del proyecto. Ana Matilde Gómez junto al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, tras la aprobación del proyecto.
Ana Matilde Gómez junto al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, tras la aprobación del proyecto. La Prensa/Jorge Fernández

En espera de sanción por parte del Ejecutivo está el proyecto de ley 149 que modifica el Código Procesal Penal y que restablece los plazos de prescripción para los delitos contra la administración pública, luego de que este fuera aprobado ayer en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

El proyecto elimina un “camarón legislativo” introducido por diputados de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), durante la pasada Asamblea y sancionado por el entonces presidente de la República Ricardo Martinelli.

En este “gol” legislativo se modificó el Código Procesal Penal para reducir el término de prescripción para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública a un plazo igual al máximo de la pena para estos delitos, cuando inicialmente la iniciativa buscaba fijar el procedimiento de extradición par ciudadanos extranjeros. La norma se convirtió en la Ley 35 de 2013.

El proyecto 149 propuesto por la diputada independiente Ana Matilde Gómez modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal de la Ley 35 para que se restablezca que la prescripción se da al vencimiento de un plazo igual al doble del máximo de la pena prevista.

Gómez recordó que uno de los resultados del Pacto de Estado por la Justicia fue la aprobación en 2008 de ajustes al Código Penal y la adopción del Código Procesal Penal en el cual se elevaron las penas y se estableció la imprescriptibilidad para los delitos de terrorismo y de lesa humanidad y se fijó plazos de prescripción en los delitos contra la administración pública, por lo que consideró necesarios restablecer los plazos fijados en 2008.

El diputado Leandro Ávila, quien avaló el proyecto, afirmó que quienes aprobaron este proyecto en 2013 para que el plazo de prescripción de la pena fuese igual al mismo término de la pena “se hicieron un saco a la medida".

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