PSA Panamá International Terminal

Asamblea aprueba derogar contrato entre el Estado y empresa portuaria, a través de un 'camarón' legislativo

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PSA tiene la concesión para operar un puerto de contenedores en la antigua base naval de Rodman. PSA tiene la concesión para operar un puerto de contenedores en la antigua base naval de Rodman.
PSA tiene la concesión para operar un puerto de contenedores en la antigua base naval de Rodman. LA PRENSA/Ana Rentería

La Asamblea Nacional derogó el contrato ley pactado en 2015 entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la empresa PSA Panamá International Terminal, para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman.

La derogatoria fue incluida en un artículo del proyecto de ley 53, sobre la  apertura de empresas y venta de licor en zonas residenciales, propuesto por el diputado perredista Iván Picota.

El proyecto original de Picota no incluía nada vinculado a PSA,  aunque derogar dicho contrato ley era la razón de ser de un anteproyecto que presentó su copartidario Crispiano Adames el 1 de septiembre de 2016. La propuesta de Adames nunca fue prohijada.

La derogatoria del contrato ley de PSA fue propuesta por el diputado Roberto Ayala, también del PRD, durante la discusión, en segundo debate, del proyecto 53.

El pasado jueves, el pleno legislativo aprobó en tercer debate  el proyecto 53. El hecho fue ampliamente divulgado por la Asamblea, pero sin hacer referencia alguna al "camarón" de Ayala.

En dicho contrato ley, PSA se obliga a desarrollar una inversión no menor de $350 millones en cuatro polígonos de la antigua base naval de Rodman concesionados por la AMP por un período de 20 años prorrogables. A cambio, el Estado recibe un canon fijo mensual de $44 mil 400.73, a razón de 14 centavos por metro cuadrado. Este canon tendrá un incremento anual de 5%.

El contrato fue firmado el 28 de octubre de 2014 por el entonces director de la AMP, Roberto Linares, y el apoderado de PSA Panama International Terminal, Robert Ahern; fue aprobado por la Asamblea el 28 de enero de 2015. El 10 de febrero de ese año, fue sancionado por el presidente Juan Carlos Varela y se convirtió en la Ley 2 de 2015.

El proyecto pasa ahora al Ejecutivo, para su respectivo veto o sanción. El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, ya expresó su rechazo.

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