ASAMBLEA NACIONAL

Avanza a tercer debate el proyecto sobre las APP; eliminan inhabilitación de empresas y personas corruptas

Avanza a tercer debate el proyecto sobre las APP; eliminan inhabilitación de empresas y personas corruptas
Pleno de la Asamblea.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, la noche de este miércoles 4 de septiembre, el proyecto de ley 12 que crea un régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) para el Desarrollo del incentivo a la inversión privada, desarrollo social y creación de empleos. 

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Diputados presentan 25 modificaciones al proyecto sobre las APP durante el segundo debate

A la iniciativa, presentada el mes pasado por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, los diputados aprobaron artículos originales del proyecto, realizaron modificaciones parciales y crearon dos nuevos artículos.

Durante la sesión permanente, los diputados Cenobia Vargas, Olivares Frías, Melchor Herrera, Ricardo Torres y Gonzalo González, todos de la bancada del Partido Revolucionario Democrático, presentaron reformas al artículo 67. En este se eliminó lo relativo a la inhabilitación para contratar las personas naturales y jurídicas que hayan sido condenadas, en los 10 años que anteceden la contratación, por sentencia judicial. 

[Lea aquí el proyecto de ley 12].

Vargas y Benicio Robinson, presentaron una modificación al artículo 10 del proyecto con el fin de incluir a un miembro de la Asamblea Nacional como miembro de la junta directiva del ente rector de las APP.

Este ente estará conformado por los ministros de la Presidencia, de Economía y Finanzas, de Obras Públicas, de Comercio e Industrias, de Relaciones Exteriores, un miembro designado por la Asamblea y el contralor general de la República, quien solo actuará con derecho a voz.

En su momento, el ministro Sabonge, dijo que esta propuesta de ley tiene el propósito de regular el marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos de inversión, bajo las modalidades público-privada. Aseguró que esta no contempla la privatización de las obras que se construyen por el Estado. 

Este tipo de contratación solamente se aplicaría a proyectos con un monto de inversión superior a $15 millones.

 

 

 


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