Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, los mayores retos de la administración del presidente, Juan Carlos Varela, en los meses que le restan de gestión, son subsanar la apatía general y recuperar la confianza ciudadana en la clase política y las instituciones, que son pilares de la democracia.
La observación de la Cámara de Comercio surge un día después de que Varela presentara su informe de gestión ante el pleno de la Asamblea Nacional al comenzar el cuarto período ordinario de sesiones.
Al comenzar el cuarto año de gestión del gobierno de Varela "es obligatorio reflexionar sobre los avances y, especialmente, los asuntos que deberán ser resueltos con la mayor prontitud posible", señaló la Cámara.
“Como hemos advertido anteriormente, la cercanía del año preelectoral podría distraer la atención de las autoridades para darle solución” a los problemas, recalcó la Cámara de Comercio en un comunicado divulgado este domingo 2 de julio.
Los integrantes del gremio empresarial aprovecharon la oportunidad para recalcar que “las inversiones en infraestructura ejecutadas con fondos públicos y los programas sociales no son determinantes para medir el desempeño de un gobierno”.
Recordaron que las autoridades panameñas están llamadas a atender con políticas públicas los asuntos de prioridad, como “la prestación eficiente de servicios básicos (agua, aseo y saneamiento, salud, transporte, otros) y los que consideramos deben ser manejados por empresas estatales, con una estructura de gobierno corporativo que trascienda los ciclos políticos, con planes a largo plazo y con autonomía presupuestaria”.
En materia educativa, “apelamos a que se honren los acuerdos del Compromiso por la Educación y se cumpla con las evaluaciones que sustentan los pasados ajustes y se retomen las iniciativas fiscales que incentiven la inversión en educación particular, que disminuye la carga para el Estado”.
Además, recordaron que este año será la última revisión del salario mínimo del actual gobierno, por lo que no debe ser usado “nuevamente [como] una herramienta política que provoque efectos inflacionarios”. E hicieron hincapié en que “este ajuste debe fundamentarse en asuntos técnicos, incorporando la fórmula de la Organización Internacional del Trabajo, tal como fue acordado en la pasada revisión”.