José Oterojotero@prensa.comLa procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, ordenó ayer una investigación para determinar si hubo negligencia o dolo en las pruebas de ADN que se practicaron en 2004 a una osamenta hallada tres años antes en Cerro Azul y que determinaron pertenecía al banquero suizo Hans Jorg Bosch, desaparecido desde 1998.
Gómez anunció que ayer recibió de las autoridades judiciales de Suiza la documentación en la que se pide una explicación sobre el resultado de estos exámenes hechos en los laboratorios de ADN del Ministerio Público y que fueron desmentidos por peritos de ADN de Suiza esta semana.
Al recibir esta documentación, la procuradora Gómez ordenó una auditoría técnica que será realizada por tecnólogos en ADN de la Universidad de Panamá y del Instituto Smithsonian.
"Si se determina que hubo dolo o negligencia en estas pruebas, se puede hablar hasta de nulidad del caso Bosch", agregó.
También destacó que esta investigación estará a cargo de personas ajenas al Ministerio Público y no se permitirá que se involucre alguno de los funcionarios que participó en estos exámenes de identificación genética.
La prueba fue hecha en abril de 2004 por la entonces directora de los laboratorios de ADN del Instituto de Medicina Leal (IMEL), Heber Monteza, y su asistente Diomedes Trejos.
Monteza fue separada de su cargo en abril de este año por no contar con la idoneidad requerida y en su reemplazo fue nombrado Trejos.
El Instituto de Medicina Legal para ese momento estaba dirigido por el doctor Humberto Mas, quien fue destituido al llegar Gómez al Ministerio Público.
José Vicente Pachar, actual director del IMEL, fue quien hizo el análisis de los restos hallados en Cerro Azul y que determinó en la autopsia que "por la ausencia de evidencia de traumatismo", se trató de una muerte natural.
Durante la administración del procurador José Antonio Sossa, la instrucción sumarial de este caso la inició el anterior fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera. Luego le correspondió a la fiscal segunda superior, Geomara de Jones. Posteriormente el expediente pasó al entonces fiscal superior, Arquímedes Saez, y terminó en el despacho de la fiscal tercera Anticorrupción, Maribel Cornejo.
Por este caso se ordenó la detención del abogado Gilberto Boutin, y de Martín Henry Rodríguez y Edgardo Najarro, pero la Corte Suprema de Justicia los liberó por falta de pruebas.
Por otro lado, ayer se presentó al Ministerio Público Jorge Mario Roldán, miembro del Consejo Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, para dar asesoría en la reestructuración del IMEL y en la capacitación del personal de la institución.
Roldán señaló que primero se trabajará en el fortalecimiento académico de los forenses panameños, para luego entrar a determinar el equipamiento de la institución.
Roldán dijo que en Costa Rica los laboratorios de ADN y el Instituto de Medicina Legal trabajan de manera independiente, pero adscritos a la OIJ.
