Pasaron casi 10 años del escándalo. Durante ese tiempo, el ex contralor general Alvin Weeden prefirió no hablar. Sin embargo, la decisión de un juez de Estados Unidos ha hecho que rompa el silencio.
En declaraciones a este diario, el ex contralor de Mireya Moscoso narró los pormenores que han llevado a que –ante tribunales de Estados Unidos– se confirme uno de los peores escándalos de corrupción en el país: el caso Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC).
En 1997 la administración Pérez Balladares (1994- 1999) otorgó a PECC, a través de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (APN), una concesión directa para prestar ayuda a la navegación de buques.
Según declaró ante un juez de Estados Unidos el ex presidente de PECC Charles Jumet, la empresa pagó sobornos a tres altos funcionarios. Su testimonio apunta a tres políticos: Ernesto Pérez Balladares, Hugo Torrijos y Rubén Reyna.
Pérez Balladares, que se mantiene en el extranjero, por medio de su vocera negó rotundamente las afirmaciones de Jumet. Torrijos y Reyna, administrador y subadministrador, respectivamente, de la APN durante el gobierno de Pérez Balladares, también rechazaron sus palabras.
Weeden narró en detalle cómo descubrió la vinculación de Pérez Balladares. Y cómo el hallazgo dio un giro distinto a la investigación.
El ex contralor afirmó, además, haberle encontrado 20 millones de dólares en cuentas bancarias a Pérez Balladares al momento de ordenar la cautelación de bienes por la lesión patrimonial al Estado, cifra que contrastaba con su declaración patrimonial al salir del poder.
El ex mandatario había declarado que su patrimonio –al abandonar la Presidencia– era de 3 millones de dólares, cifra que supuestamente incluía, además de efectivo, el valor de inmuebles e inversiones que conformaban el total de su patrimonio.
VEA ‘El sistema judicial está diseñado para encubrir’
