El último recurso presentado por la defensa en el proceso penal por la quiebra fraudulenta del Grupo Adelag abre las posibilidades para que uno de los mayores casos relacionados con debacles económicos en Panamá prescriba, confiaron fuentes judiciales.
La audiencia preliminar, fijada para el pasado 11 de enero, fue suspendida a consecuencia de un recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa de uno de los implicados, Aquilino de la Guardia, que ataca la orden de detención girada en su contra.
A Carlos de la Guardia, el otro implicado, se le reemplazó la detención preventiva por una medida cautelar menos severa.
Ese recurso de Aquilino de la Guardia llega como consecuencia de que el Juzgado Decimoquinto, ramo penal, había rechazado su pedido de sustitución de la detención preventiva.
Contra de la Guardia, quien supuestamente se encuentra en Estados Unidos, pesa un pedido de extradición girado por la Fiscalía Decimocuarta ahora bajo la responsabilidad de Eduardo Ulloa.
Consultado sobre si el caso Adelag entra en la recta de su prescripción, el fiscal Ulloa respondió: "Cualquiera fecha que escoja el tribunal a partir de la cual se empiece a contar está muy cerca de la fecha de prescripción".
Y es que con el recurso interpuesto por la defensa de de la Guardia, el expediente fue remitido al Segundo Tribunal. Cuando el Tribunal resuelva ese recurso, entonces el expediente regresará al Juzgado que tendrá que fijar nueva fecha de audiencia. En el caso de de la Guardia, dijo Ulloa, la notificación tendrá que hacerse a través de una asistencia judicial. "Eso te puede dar un panorama de las largas etapas que tienen que cumplirse antes de la audiencia", dijo.
Ya en el pasado, recordó, la defensa presentó un incidente de prescripción de este proceso que le fue denegado. Tras esa decisión, el Juzgado fijó el 18 de marzo de 2002 como la fecha en que se emitió el último acto relacionado con la quiebra. Si se mantiene esa fecha, añadió, entonces el caso prescribiría seis años más tarde; es decir, el 18 de marzo de 2008. Según el tribunal civil, la quiebra fue de 45 millones de dólares, pero aún no ha calificado si fue fraudulenta o culposa.
