El Órgano Judicial sustentó ayer en la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su presupuesto para la vigencia fiscal 2017, cuyo monto asignado fue de $160.8 millones.
El presupuesto, según explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, no es suficiente para cumplir con todos los compromisos del Órgano Judicial. De los $160 millones de presupuesto, $140 millones serán para funcionamiento y $20 millones para inversiones.
En ese sentido, Ayú Prado sostuvo que aunque se les haya dado $15 millones más en comparación con el presupuesto de 2016 –que asciende a $145.7 millones– los recursos siguen siendo pocos, puesto que “tenemos prioridades de $57 millones”.
En un principio el Órgano Judicial solicitó para 2017 la suma de $274.2 millones; sin embargo, el monto fue modificado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se les recomendó $160 millones; es decir, $113 millones menos de lo pedido.
En la sustentación, que se inició a la 1:08 p.m. y se prolongó hasta las 4:00 p.m., Ayú Prado dijo que en el tema de funcionamiento se les recortó $81 millones y en inversiones $32 millones, con respecto a los montos pedidos al MEF.
Por tal razón, pidió a los diputados interceder ante el MEF para que se le asignen más recursos al Órgano Judicial, pues el sistema penal acusatorio (SPA), la contratación de personal, las rehabilitaciones y alquileres de sedes, así como el tema de las capacitaciones, serán las áreas más afectadas.
Indicó que el recorte afectará un ajuste salarial a 2 mil 151 funcionarios y la implementación de tribunales aprobados por leyes que datan de la década de 1990.
“Yo suplico, solicito humildemente en nombre de mis compañeros de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados del tribunal superior y de los funcionarios administrativos y judiciales que por favor insistamos al Ministerio de Economía y Finanzas a que de más recursos al Órgano Judicial”, señaló.
FUNCIONAMIENTO
En este renglón, indicó que se afectarán $14 millones en anualidades de sueldo fijos del sistema penal acusatorio [de enero a diciembre de 2017]. Asimismo, $1.4 millones para leyes especiales de los trabajadores especiales; y $3 millones para los alquileres de las sedes del SPA en el Primer Distrito Judicial, concretamente las de Colón, La Chorrera, San Miguelito y Chepo.
“¿Cómo va a hacer el Órgano Judicial para cumplir con esto?”, se preguntó. “Esto va a ser difícil, muy difícil”, contestó. En el reglón de modernización del SPA, se asignaron al Órgano Judicial 6.5 millones. “Ya logramos implementar el SPA, pero esto no puede quedar así, el SPA está garantizado hasta el 31 de diciembre. Después de ahí, esto va a ser un fracaso”, advirtió el magistrado.
INVERSIÓN
Respecto a las inversiones, dijo que las necesidades se enfocan en la rehabilitación de anexos y edificios de juzgados modelos; en mejoras al edificio del Órgano Judicial y de las sedes regionales; capacitaciones del SPA, aunque “todo esto va a quedar por fuera, porque el incremento de inversiones no llega...”.
CARRERA JUDICIAL, EN EL LIMBO
A su vez, indicó que los $20 millones para la ley de carrera judicial también quedarán fuera del presupuesto. Sobre este aspecto, recordó que hace un año advirtió cómo era posible que “aprobáramos una ley en agosto de 2015 y no le diéramos un centavo a la carrera judicial, en este 2016”.
“La carrera judicial necesita un recursos (...) se habla de la implementación de la carrera (...) ¿Qué implementación, sino hay un centavo para la carrera?”, agregó.
Ley 53 de 2015, que dictó la carrera judicial, establece un régimen de concursos para el nombramiento de los jueces y funcionarios que laborarán en el SPA. En agosto pasado, Ayú Prado indicó que nombró a más de 900 funcionarios del SPA sin cumplir con la carrera judicial, porque no había recursos para implementar la ley.
La Ley 53 también crea un tribunal especial de transparencia para investigar a los jueces y funcionarios judiciales que incurran en faltas a las éticas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia también dijo que no podrá cumplir con otras normas.
“El 2 de enero de 2017 entra a regir la Ley 12 del 19 de mayo de 2016, que pone en funcionamiento varios juzgados. Van a decirnos ‘están nombrado a los funcionarios sin carrera judicial’, pero cómo lo vamos a nombrar, si no hay un centavo para la carrera judicial (...) no tenemos un centavo”, indicó.
El magistrado Luis Ramón Fábrega secundó a Ayú Prado. “Este año no nos dieron cifra, sino un símbolo: cero”, con respecto a los fondos para la carrera judicial.
BONO
La Comisión de Presupuesto aprobó dos traslados de partidas, uno por $1.2 millones, para conceder un bono navideño de al menos $300 a los funcionarios judiciales y administrativos que integran al Órgano Judicial, como incentivo por sus servicios, y “a quienes se les prohíbe ejercer la abogacía por ser actividades incompatibles con sus funciones …”. según sustenta el pedido de la transferencia.