La comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional comenzó este lunes 21 de septiembre la discusión en primer debate del proyecto de ley 234, que reforma la Ley 37 del 29 de junio de 2009 sobre la descentralización de la administración pública.
La iniciativa presentada por el presidente Juan Carlos Varela permitirá la asignación de por lo menos $175 millones a los 78 municipios del país a partir del 1 de enero de 2016. Así las cosas, a partir de esa fecha cada municipio con bajos ingresos recibiría $500 mil del impuesto de bienes inmuebles (IBI).
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, reiteró que lo que se busca con este proyecto de ley es dotar a todos los municipios del país de los recursos para hacer efectiva la descentralización y así permitir a las autoridades locales atender las necesidades de sus comunidades.
"El proyecto de ley no porta banderas políticas, ya que la fórmula que se ha ideado en la ley responde a una concesión solidaria y proporcional, cuyo objetivo es darle respuestas a las comunidades", dijo el ministro.
El alcalde capitalino José Isabel Blandón manifestó que con este proyecto se distribuirán mediante una "fórmula solidaria" los recaudos en concepto de IBI que se recogen en todos los municipios del país.
Con ello, expresó Blandón, el Municipio de Panamá será el único que recibirá menos en recaudación, porque está siendo solidario con el resto de los distritos del país. "Este proyecto abre una nueva etapa para la democracia panameña", aseguró.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, manifestó que la entidad que representa presentará dos artículos para que sean anexados al proyecto de ley 234: uno para prohibir el uso de nombres de autoridades, independientes de su jerarquía y forma de elección o designación, para promover proyectos que se desarrollan con fondos públicos, y otro sobre la participación activa de la ciudadanía y la rendición de cuentas, como requisitos indispensables en el proceso de programación, planificación y ejecución en los proyectos sectoriales que se efectúan en los municipios.
González indicó que con la inclusión de los dos artículos se busca "dejar las reglas claras", apartando la ejecución de proyectos municipales del proselitismo político.
“Tenemos que establecer los mecanismos que aseguren [que quienes manejan estos fondos públicos] no hagan política partidista con estos proyectos”, recalcó.