El próximo miércoles 18 de noviembre, el Órgano Ejecutivo entregará a la Comisión de Estado por la Justicia la lista depurada con el nombre de los 10 aspirantes para los dos cargos de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán ser nombrados en reemplazo de Harley James Mitchel y Víctor Benavides.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, quien forma parte de la Comisión de Estado por la Justicia, manifestó este miércoles que la comunicación oficial que tiene esta instancia es que el miércoles 18 de noviembre el Ejecutivo les presentará la lista de los 10 aspirantes, para fijar desde ahí la fecha de inicio del escrutinio de los candidatos que tiene que realizar esta comisión.
Esta comisión se reunió hoy y acordó el reglamento y la metodología que se va a utilizar al momento de realizar el escrutinio o audiencia pública de los 10 aspirantes, cuyos nombres les va a remitir el Ejecutivo. También se aprobaron los parámetros sobre los cuales se van a formular las preguntas a cada uno de los candidatos.
González explicó que dentro del reglamento, lo básico y lo fundamental es que se le va a solicitar a la ciudadanía, una vez se tenga la lista, que hagan llegar sus observaciones, comentarios y cuestionamientos con respecto a esas 10 personas que ha seleccionado el Ejecutivo para ocupar el cargo de magistrado.
Detalló que se tienen previsto realizar las audiencias entre la semana del 23 al 27 de noviembre y sería entrevistado un aspirante en horas de la mañana y otro en la tarde, por un período de dos horas cada uno.
Sostuvo que de igual manera se realizarán audiencias públicas con la posibilidad de que todos los medios de comunicación estén presentes, para que en directo la ciudadanía pueda saber y escrutar las preguntas que se van a formular y las respuestas que se van a dar y haya la mayor transparencia posible.
Las preguntas, indicó, van a girar en torno a la capacidad de las personas, su formación académica, su trayectoria, pero sobre todo en su formación moral y su trayectoria en cuanto a un comportamiento ético como profesional del derecho.