El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Rolando López, pidió a la Procuraduría de la Nación que se investigue las afirmaciones de un supuesto testigo protegido que asegura que en esta institución se utiliza actualmente equipo de espionaje que se compró durante la gestión del expresidente Martín Torrijos (2004- 2009) para perseguir a Ricardo Martinelli.
En una carta dirigida a la procuradora Kenia Porcel, fechada el 29 de enero de 2015 y a la que tuvo acceso a este medio, López recogió las declaraciones del supuesto testigo protegido el día lunes 26 de enero del presente año en el canal de televisión Nextv, al igual que las subsiguientes publicaciones que hicieron eco de dicha entrevista en los diarios Crítica y Panamá América del 27 de enero de 2015.
Indicó que el testigo textualmente señaló que “actualmente se está utilizando el equipo de espionaje que fue comprado en el gobierno del expresidente de la República Martín Torrijos Espino, para asuntos políticos contra el expresidente Ricardo Martinelli…”.
En la misiva, López instó a la procuradora a iniciar las investigaciones de estos hechos para que se tomen las medidas respectivas en función de su responsabilidad ciudadana, más aún cuando como administrador y secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional le cabe la obligación de poner en conocimiento a las autoridades competentes sobre la posible comisión de un hecho delictivo para velar por la integridad, credibilidad y moral de la institución y sus colaboradores.
De igual manera, el funcionario dejó claro que al momento en que tomó posesión de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad el 1 de julio de 2014, dentro de los inventarios levantados no constan los supuestos equipos aludidos en esta entrevista.
En diciembre pasado López interpuso una denuncia penal contra el ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
El recurso fue impulsado tras descubrirse la pérdida de un equipo para interceptar comunicaciones, pertenecientes al Consejo de Seguridad y que fueron adquiridas el 23 de julio de 2010 por el entonces Fondo de Inversión Social (FIS), hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN), a la empresa israelí M.L. M. Protection, a un costo de $13.4 millones para captar conversaciones por internet, teléfono y en persona.
En esa denuncia López comunicó que cuando recibió el inventario de bienes del Consejo de Seguridad, detectó que Garuz nunca informó de la existencia de este equipo.
Tanto Garuz como Gustavo Pérez, quien también fue jefe del Consejo de Seguridad, se mantienen detenidos en la cárcel la Gran Joya por delitos contra el secreto y el derecho a la intimidad. El Ministerio Público les formuló estos cargos tras comprobar que en el gobierno de Martinelli se interceptaron las comunicaciones privadas de miembros de los partidos políticos, de los medios de comunicación social, la sociedad civil organizada, los sindicatos y las comarcas indígenas. Esta institución ha llamado paulatinamente a las personas que fueron infiltradas para que reconozcan sus archivos.