Ante las continuas denuncias de corrupción e irregularidades en el Estado, el contralor Dani Kuzniecky hizo un llamado de atención a los ministros y a los responsables de todas las entidades públicas para que tengan un mayor control de los fondos públicos.
Esta solicitud incluye a gerente de instituciones, universidades oficiales, responsables de la administración de justicia, juntas comunales y titulares de la Asamblea Nacional.
Kuzniecky envió la semana pasada una circular en medio de la denuncia presentada por la ciudadana ecuatoriana con domicilio en Panamá Carolina Romo, quien alega que le alteraron sus documentos para hacer un contrato de trabajo con la Asamblea Nacional, donde ella nunca se presentó. Ello motivó que el contralor le pidiera explicaciones al presidente de la Asamblea, Jerry Wilson.
ASAMBLEA CONTESTA
Según Romo, su nombre fue utilizado por la diputada Hermisenda Perea para confeccionar un contrato de trabajo ficticio en el que realmente se beneficiaba a su ex esposo, Ernesto Revello, quien fue miembro del equipo que participó en la campaña política de Perea. La diputada, por su parte, dice que el contrato cumplió con la Ley, aunque no ha dado mayores detalles.
Hasta ayer al mediodía, el contralor no había recibido respuesta. Pero Wilson informó que en la tarde de ayer a La Prensa que envió la documentación al contralor en la que le informa que Romo fue contratada por tres meses y asignada al circuito 8-7 que dirige Perea. A Romo se le pagaron 2 mil 753 dólares con 33 centavos. Según Wilson el cheque fue retirado por Raquel Bruno de Clarens, secretaria del despacho de Perea. Esta a su vez declaró a la PTJ que Romo le dio instrucciones telefónicas para que su esposo, Revello, retirara el cheque.
De acuerdo con el contralor la denuncia de Romo es "gravísima", ya que Romo dice que ella no ha firmado ningún contrato. De hecho, funcionarios de la PTJ estuvieron en la Contraloría revisando el expediente, porque hay de por medio una denuncia de falsedad. A la Contraloría le compete investigar si se usaron recursos del Estado para pagar por un servicio que no se dio.
La circular del contralor dirigida a las instituciones detalla que se requiere adoptar una serie de medidas en las instituciones públicas que entre otras aspectos aseguren la validez y autenticidad de los documentos y certificaciones que sean presentados en las instituciones.
