La Contraloría General de la República estableció el control previo a los contratos, órdenes de compra y desembolso de fondos públicos aprobados por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para el Fideicomiso del Programa para la Solidaridad Alimentaria.
La decisión fue plasmada en la Resolución N°217-DFG publicada hoy en la Gaceta Oficial.
El programa de alimentos fue creado en octubre de 2007 a través de Resolución de Gabinete, con el propósito de "garantizar el acceso de la población a los productos alimenticios de primera necesidad".
Pero en noviembre de ese año se emitió un decreto ejecutivo para excluir del refrendo de Contraloría los contratos que suscriba el IMA con los proveedores seleccionados para el suministro de productos, bienes o servicios.
La Contraloría destacó que en base a lo que establece la Constitución y la ley -sobre su rol fiscalizador de los fondos públicos- y ante "los hechos reportados sobre el manejo [irregular] de este programa", decidió establecer el control previo. El mismo empezará a regir desde hoy, lunes 13 de abril.
Además, los contratos y órdenes de compras "antes de la expedición" de la resolución quedarán "sometidos al control posterior". No obstante, las órdenes de desembolso "que se generen de estos contratos" estarán sujetas al refrendo de la Contraloría.