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Contraloría tomará testimonio voluntario a perjudicados con contratos de la Asamblea

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Los que se sientan afectados deben acudir a la sede de la Contraloría General de la República, al piso 6. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Los que se sientan afectados deben acudir a la sede de la Contraloría General de la República, al piso 6. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Los que se sientan afectados deben acudir a la sede de la Contraloría General de la República, al piso 6. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. CORTESÍA

Desde el 12 de julio hasta el 25 de julio, la Contraloría General de la República abrió un periodo para tomar la declaración voluntaria a todas las personas -naturales y jurídicas- que se sintieron "perjudicadas o estafadas" con la firma de contratos por servicios profesionales o donaciones procedentes de la Asamblea Nacional.

“Estamos exhortando a todo aquel que sienta que ha sido objeto de algún tipo de engaño para que denuncie estos actos de corrupción”, afirmó el contralor Federico Humbert.

Quienes se sientan afectados pueden acudir al sexto piso de la sede de la Contraloría General de la República, en avenida Balboa. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Humbert aclaró que es la primera vez que la Contraloría realiza una auditoria a la Asamblea Nacional. “No ha sido fácil, pero ya se cumplió la primera etapa y ahora necesitamos el apoyo de la ciudadanía”. 

El 8 de marzo pasado, Humbert ordenó al personal de la Dirección Nacional de Auditoría General que efectuara una auditoría sobre las irregularidades en las donaciones y contratos por servicios profesionales en la Asamblea Nacional, del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

Una investigación del diario La Prensa documentó que de julio de 2014 a marzo de 2017, los diputados entregaron hasta $14 millones en donaciones que en su mayoría no fueron recibidas por el supuesto beneficiario. También se reveló que la entidad desembolso $68 millones en contratos por supuestos servicios profesionales, pero prácticamente no hay constancia de que la Asamblea recibiera algo a cambio de estos pagos.

Las auditorías se efectuaron para verificar el cumplimiento de las leyes de presupuesto vigentes para cada año y las correspondientes normas generales de administración presupuestaria válidas para cada periodo, indicó la Contraloría General. 

También se busca fiscalizar que los actos de manejo de fondos públicos se hayan dado conforme a estas leyes, se informó mediante una nota de prensa al comienzo de las auditorías.

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