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SE AUTORIZA INTERROGAR A PERITOS DE LA DIJ SOBRE FUEGO DEL BUS 8B-06

Corte en EU admite caso

Los familiares de las víctimas y sobrevivientes presentaron una demanda en Kansas, por el uso del gas HC-12A en vehículos.

La Corte del condado de Finney, en el estado de Kansas, Estados Unidos (EU), admitió una demanda presentada por los familiares de las víctimas del bus 8B-06 contra las empresas fabricante y distribuidora del gas contenido en el acondicionador de aire de la unidad, causante, junto con el deficiente cableado eléctrico, del fuego que acabó con la vida de 18 personas y dejó heridas a otras 26 en octubre de 2006.

Carlos Gavilanes, abogado de algunos de los familiares de las víctimas, confirmó que, tras admitir la referida demanda, la Corte de Kansas aceptó tomar declaraciones a los peritos que analizaron las causas del siniestro y para ello enviará expertos a Panamá en mayo próximo.

La demanda es contra la empresa fabricante Oz Technology Inc. y la distribuidora Northcutt Inc., cuyos abogados también participarán en el interrogatorio.

Los análisis realizados por la Universidad Tecnológica de Panamá concluyeron que el gas HC-12A, usado en el 8B-06, fue en parte responsable por la explosión e incendio registrado ese día.

Por su parte, el informe de Criminalística de la extinta Policía Técnica Judicial –hoy Dirección de Investigación Judicial (DIJ)– confirmó la presencia en el bus de rastros de trimetil metano e hidruro de propilo, dos compuestos presentes en el HC-12A.

El informe de Criminalística resalta además que ese gas es “altamente inflamable y no debe estar presente en lugares en que se puedan producir corrientes eléctricas o chispas”. También refleja que en 2006, Northcutt Inc. introdujo a Panamá el gas HC-12A, a pesar de saber que era altamente peligroso e inseguro para ser usado en vehículos a motor.

Los familiares de las víctimas también acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia por denegación de justicia, luego de que la Sala Tercera de la Corte rechazara 6 de las 16 demandas presentadas contra el Estado panameño, para lograr el pago de indemnizaciones.


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