Aunque el director nacional de Migración, Ricardo Vargas, anunció hace poco que este año Panamá contaría con una nueva ley de migración, los activistas de los derechos humanos destacan que no han sido consultados al respecto.
José Mendoza, del Servicio Jesuita al Refugiado, expresó que desconoce el proyecto y no ha sido consultado para su confección. Sin embargo, sugiere que la nueva ley debe contemplar un mecanismo de coordinación entre Migración y la Oficina Nacional para la Atención al Refugiado, con miras a impedir que los desplazados, al no contar con sus documentos formales, sean deportados del país.
Otro aspecto que esperan se incluya es legalizar el estado de aquellos migrantes con más de ocho años y que siguen bajo la denominación de "protegido humanitario". Así mismo, que se establezca un mecanismo para los indocumentados que les permita legalizar su estatus.
A su vez, Sonia Fuentes, de Pastoral Caritas Panamá, confía en que se atenúe lo relativo a los altos costos de las visas (aumento de 100%) y el nivel de las multas por infracción. "Sería bueno que la nueva ley contemplara algún tipo de consideración para los padres que no han podido arreglar sus documentos, pero tienen años viviendo en Panamá y han procreado hijos aquí", dijo.
