Sherina Latorraca, la joven que en 2003 atropelló a una madre y a su hijo de dos años en la Ricardo J. Alfaro –causando la muerte del infante–, trabaja en la defensoría del Pueblo como oficial de Derechos Humanos en el área de educación.
Latorraca, quien tenía 17 años cuando ocurrió el accidente del que se fugó, recibe mil dólares al mes de salario. Antes trabajó en la Presidencia, con Martín Torrijos.
El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, justificó el nombramiento de la joven.
“Hay dos fallos que la eximen de responsabilidad, además de que ella cuenta con la preparación necesaria para ocupar el puesto”, dijo.
A Latorraca la absolvió el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, bajo la ponencia de Marcela Gómez de Antinori, por considerar que la madre del menor, Katia Pérez, no evitó el atropello. Antes se había pronunciado en esos términos el Juzgado Penal de Adolescentes.
Pérez, quien quedó parapléjica, ese día cruzaba la calle por el paso de cebra.
