Destitución del defensor del Pueblo violó garantías constitucionales: Transparencia Internacional Panamá

La destitución del Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos,  se produjo "en violación de garantías constitucionales y en desprotección a los derechos humanos por parte del Órgano Legislativo", señaló en un comunicado la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

El organismo recuerda que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y no a la Asamblea Nacional investigar y juzgar al Defensor del Pueblo en casos penales y policivos, por la calidad del cargo como Alta Autoridad de Estado, según dicta la Ley de la Defensoría del Pueblo.

"Por tanto, es flagrante la ilegalidad de la investigación llevada a cabo por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, y la subcomisión para ese propósito articulada", señala el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.

Además, denuncia que en el proceso de destitución del pasado 9 de octubre en la Asamblea no se respetó el debido proceso ni la presunción de inocencia. Insta a la Asamblea a remitir a la Corte Suprema de Justicia la información que pueda suponer la comisión de un delito. Si esto no sucede, la ciudadanía y las personas implicadas no podrían ver que se haga justicia frente a posibles delitos.

A juicio del organismo, la justicia debe prevalecer y no el objetivo político de destituir al defensor. "El objetivo de lo sucedido en la Asamblea Nacional queda en evidencia de forma inmediata, con la exigencia de renuncia a directores y jefes hecha por la Defensora Adjunta encargada, Maribel Coco, quien militaba en el PRD hasta hace 15 días, tan pronto tomó posesión del cargo".

Transparencia Internacional Panamá pide que se declare impedida de asumir el cargo a la actual defensora adjunta por filiación partidista. "Llamamos a la Corte Suprema de Justicia, al Órgano Ejecutivo, a la Procuraduría de la Administración y a la ciudadanía a manifestar su desacuerdo con este acto de ilegitimidad política, que va contra los derechos humanos, el servicio de la justicia, es un despropósito político y coloca en inseguridad jurídica a todos: instituciones y ciudadanos por igual".