Una demanda de inconstitucionalidad contra la exclusividad dada a la empresa Sertracen para que realice los exámenes médicos a los interesados en obtener o renovar la licencia de conducir, fue interpuesta ayer en la Corte Suprema por el diputado oficialista Víctor Juliao.
Según el diputado, el contrato dado a Sertracen para que practique los exámenes de visión y audición necesarios para expedir la licencia de conducir, viola cuatro artículos (17, 18, 109 y 110, ordinal 2) de la Constitución.
Los usuarios, añadió, tienen el derecho de llevar sus propios exámenes médicos, ya sea de la Caja de Seguro Social o del Ministerio de Salud, donde pueden obtenerlos sin costo alguno.
De acuerdo con Juliao, Sertracen recibe 17 dólares por cada usuario que acude por una licencia de conducir, cuyo costo es de 40 dólares. La empresa salvadoreña logró en 2007 una concesión por 10 años.
José Alberto Lisac, representante de Sertracen, negó que se estén haciendo exámenes médicos.
“Sertracen no examina, sino que valida la capacidad auditiva y visual de los solicitantes de licencia”, como exige el Reglamento de Tránsito de la república de Panamá, explicó.
