La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó la mañana de este martes 20 de marzo el anteproyecto de ley que establece el registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual.
Esta iniciativa fue presentada el 6 de marzo pasado por los diputados Athenas Athanasiadis, Iván Picota y Leandro Ávila, de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
"En otros países son famosos estos tipos de registros, por ejemplo, la legislación estadounidense, la cual obliga a la persona que ha sido registrada como "sex ofender" a anunciarlo a sus vecinos cuando cambia de domicilio", destaca la propuesta en la exposición de motivos.
Señala que en la región, en países como El Salvador y Guatemala, las listas de estas personas se publican a través de sitios web oficiales, con el fin de que todo el mundo pueda conocer la identidad de estas personas que han sido condenadas y que ahora están en libertad.
"En esta ocasión queremos crear por ley esta base de datos que pueda servir como herramienta para los operadores, auxiliares de la justicia panameña y también que pueda ser consultada por personas comunes a fin de que se pueda garantizar la seguridad de las personas y el bien común", señaló la diputada Athanasiadis.
ELIMINARÍAN ACUERDO DE PENA
La comisión también prohijó el anteproyecto de ley que reforma un artículo del Código Penal que busca eliminar los acuerdo de penas en casos de delito sexual.
La iniciativa, también presentada por Athanasiadis, busca que en los casos donde se sigan procesos por delitos contra la libertad e integridad sexual, contenidos en el título III del Código Penal, cuyas víctimas fuesen personas menores de edad "no podrá haber acuerdos entre el Ministerio Público y el imputado".
"En Panamá tenemos nuestra Constitución Política y diversas leyes que la respaldan el deber de garantizar el bienestar de los menores de edad especialmente en lo que concierne a algo tan vital como la libertad e integridad sexual, por ello es tan necesario impedir que se realicen acuerdos entre la fiscalía y la defensa del imputado en delitos que afectan estos derechos antes mencionados, porque no solo se afecta el Estado con estos delitos, sino que la persona más afectada es la víctima, y esta no tiene la oportunidad de ser parte de estos acuerdos", señaló la diputada.