La espera acabó. El magistrado separado del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Herrera y Los Santos, Dulio Arrocha, compareció al Ministerio Público a cumplir con una indagatoria.
Elegantemente vestido con traje gris, camisa blanca y corbata azul, pero el rostro adusto –y en compañía de su abogado César Guardia–, Arrocha acudió a la Secretaría General del Ministerio Público a las 8:00 a.m. de ayer.
Al separado funcionario se le investiga por la presunta falsificación de su diploma de abogado obtenido en la Universidad Nacional de Colombia (UNC) en 1974.
Veinticinco minutos después de su llegada al Ministerio Público, el magistrado separado salió sin hacer comentarios ante las insistentes preguntas de los periodistas.
El secretario general del Ministerio Público, Rigoberto González, dijo que los cargos que pesan sobre Arrocha son falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión de abogado. A estos delitos podría sumarse el de peculado, pues el Ministerio Público solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría de todos los salarios devengados por Arrocha.
Aunque el magistrado no estaba citado, éste compareció con su abogado voluntariamente. "Al momento de hacer la indagatoria, él [Arrocha] señaló que estaba tomando medicamentos, que se sentía mal y que consultaría a un médico, aunque tenía toda la intención de colaborar", agregó González.
No obstante, se trató de dar asistencia médica al magistrado a través de José Vicente Pachar, director del Instituto de Medicina Legal, quien acudió en compañía de una enfermera, pero Arrocha insistió en que prefería retirarse porque se sentía mal.
Según González, Arrocha se acogió al Artículo 25 de la Constitución que señala que "nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad".
"El hecho de que una persona, ejerza el derecho a no declarar, no significa que los cargos no se hayan formulado; él concurrió y se acogió a un derecho que está en la Constitución, por lo que, para nosotros, la indagatoria ya se cumplió. Él estaba obligado a venir, lo que no podemos es obligarlo a que declare", señaló González.
Por su parte, la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, dijo que al negarse a declarar el magistrado separado opera en su propia contra. ¡Que [Arrocha] haga sus descargos!, pidió Gómez.
Sustentó que el Ministerio Público ha recabado todos los elementos para comprobar el hecho que está investigando, lo cual le ha permitido acreditar el delito que se le imputa al magistrado.
Ahora a Arrocha le corresponde aportar las pruebas al proceso para poder entrar en la fase del ‘contradictorio’, que es cuando ambas partes enfrentan sus versiones.
"Si él no declara, ese ‘contradictorio’ solo se dará con las pruebas de nosotros y tendremos que sustentar ante el Órgano Judicial los elementos que tenemos", detalló.
¿No sé qué tipo de defensa es callar?, añadió la procuradora Gómez.
El Ministerio Público podría pedir una ampliación de la indagatoria, lo que en todo caso implicaría que Arrocha deba comparecer, nuevamente, ante la procuradora Gómez.
Por otro lado, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema debe resolver la solicitud de anulación de la idoneidad de abogado de Arrocha, que hizo la funcionaria.
Se intentó conocer la condición de salud del magistrado por medio de su abogado César Guardia, pero no contestó las llamadas a su teléfono celular.
