“El sistema judicial panameño se encuentra asaltado por el Ejecutivo, mediante una fuerte presión política sobre la Procuradora de la Nación (en ese entonces Ana Matilde Gómez)”.
Esto es parte de uno de los cables diplomáticos que envió la ex embajadora de Estados Unidos (EU) Barbara Stephenson a Washington.
En el mismo cable Stephenson habla del controversial nombramiento de dos seguidores políticos de Martinelli en la Corte Suprema. En diciembre de 2009 Martinelli nombró a dos de sus allegados en el cargo de magistrado: Alejandro Moncada Luna y José Abel Almengor.
En su momento Moncada renunció al PRD para hacer campaña a favor de Martinelli y Almengor fue secretario de Seguridad del Presidente.
En esa comunicación la entonces embajadora insiste en que la sede diplomática estadounidense ha luchado con el deseo de Martinelli de involucrar al Gobierno de EU en sus esfuerzos de construir un programa de escuchas telefónicas dirigido a espiar a sus opositores políticos.
Afirma que el Presidente y sus subordinados empleaban tácticas que iban desde solicitudes directas hasta amenazas intimidatorias para lograr la asistencia del Gobierno de EU o una cubierta política para el proyecto de escuchas telefónicas.
Agregan que cuando EU decidió remover el programa de escuchas telefónicas de la DEA, Matador, del control del Consejo Nacional de Seguridad del Gobierno de Panamá, confrontaron una serie de obstáculos, incluyendo amenazas del director del Consejo de Seguridad de expulsar a la DEA de Panamá y restringir los pagos de unidades que ya habían sido aprobadas y en general muy poco apoyo de parte de Martinelli y su gabinete.
Según el periódico estadounidese The New York Times, oficiales estadounidenses informaron que el programa de inteligencia fue descontinuado, pero los británicos asumieron estas tareas.
Un funcionario de la embajada británica en Panamá dijo que solo el embajador Richard Austen está autorizado para hablar del tema. Austen no pudo ser localizado ayer.
La falta de confianza por parte de Martinelli en la Procuradora de la Nación ha complicado la situación y tanto él como sus subordinados han propuesto alternativas y arreglos para mantener el programa Matador dentro del Consejo de Seguridad, sin mantener el filtro adecuado entre el cumplimiento de la ley y las actividades de inteligencia, señala uno de los cables.
Ante estos señalamientos, este diario intentó ayer hablar con el secretario de comunicación del Estado, Alfredo Prieto, pero no contestó su celular.