José Quintero De Leónjquintero@prensa.com La promesa del Ente Regulador de los Servicios Públicos de que promoverá ante el Ejecutivo una revisión de la estructura de las tarifas eléctricas fue calificada como "positiva" por diversos sectores empresariales, como la Unión Nacional de Colegios Particulares.
Su presidenta, Nivia Rossana Castrellón, señaló que corresponde al Gobierno ejercer su liderazgo y tomar una decisión que frene los resultados de este "incremento astronómico".
Según Castrellón, el anuncio de los directores del Ente, de que también recomendarán que no se calcule el consumo eléctrico en base al promedio de los seis meses anteriores, sino de solo tres meses, también fue acogida como favorable por las escuelas privadas, que se ven afectadas con el consumo, dado que solo trabajan un período legal de nueve meses.
Estas opiniones se dieron en la Defensoría del Pueblo, donde su titular, Juan Antonio Tejada, instó a la población panameña a protestar en público por el excesivo aumento anunciado por las empresas distribuidoras de electricidad.
Tejada cuestionó la pasividad de la sociedad panameña y le recordó que hace tres años lo advirtió, pero "el pueblo no hace nada" porque estamos acostumbrados a que otros peleen por nosotros".
Según el ombudsman, es hora de que el Estado se ponga los pantalones largos y ejerza su liderazgo para ponerle freno a esta difícil situación.
Para Castrellón, esta es una oportunidad histórica para que el gobierno del presidente Martín Torrijos asuma un liderazgo similar al que se ejerció con Panama Ports Company, cuando eliminó la equiparación portuaria.
Secuelas educativas
Las estimaciones que ha hecho la Unión Nacional de Colegios Particulares apuntan a que el incremento "descomunal" del costo de la energía eléctrica provocará una gran deserción de estudiantes hacia el sistema educativo público.
Esta aprensión radica en que el incremento del año pasado (15%), sumado al ya anunciado de 2006 (32%), no permitirá subsistir a estas instituciones ni aunque se traspase parte del costo a las matrículas.
Su queja obedece a que las escuelas privadas laboran solo 9 meses por ley, pero las distribuidoras siguen cobrando como si trabajasen 12 meses.
El ministro de Educación, Miguel A. Cañizales, se reunió con este sector y también prometió aportar sus esfuerzos para hallar una solución.