El caso de Hilario Naterón, ex trabajador del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), es un ejemplo claro de que en dictadura y en democracia la justicia no llega a todos.
El 7 de octubre de 1988, Naterón fue destituido junto a 269 funcionarios de esta institución, por manifestarse en contra del manejo administrativo que se daba en el IRHE, por lo que se les aplicó el Decreto Ley No. 2 de 1989, conocido como decreto de guerra No. 1, No. 2 y No. 3. Este último, después se conoció como la Ley 25 de 1990.
No obstante, debido a que los despidos eran por causas políticas, en 1990, el entonces Ministerio de Trabajo hizo firmar a los despedidos dos acuerdos: uno de reintegro y otro por sus salarios caídos.
Según explicó Naterón, el acuerdo se cumplió en parte. Reintegraron a sus puestos de trabajo a 267 personas.
Con los tres restantes sucedió lo siguiente. Uno se había ido a España y otro a Estados Unidos para sobrevivir a la crisis económica (ambos ya murieron), y a Naterón por criticar a la dirigencia sindical no lo reintegraron a su puesto en la sección de Estadística Eléctrica.
Naterón ha agotado todos los recursos para lograr su reintegro. Sin embargo, "aún no se me ha hecho justicia", agrega.
