Trabajadores destituidos por efectos de la Ley 25 de 1990, a quienes se les acusó de conspirar para derrocar al ex presidente Guillermo Endara, solicitaron al presidente, Martín Torrijos, que ordene el cumplimiento de la sentencia y resoluciones accesorias emitidas en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En nota enviada al mandatario, los voceros del grupo: Luis Batista, Eric González, Nathaniel Charles y Javier Muñoz, le pidieron que muestre su buena fe y voluntad para que se les devuelva de inmediato el impuesto sobre la renta retenido; se defina el cálculo de la totalidad de la sentencia; se reintegre o indemnice la terminación de la relación laboral; y se determine la cuota obrero-patronal de seguro social a que tienen derecho.
Edwin Salamín, viceministro de Trabajo, explicó que el Gobierno les reconoció en noviembre pasado 800 mil dólares en concepto de salarios caídos y daño moral sufrido, y actualmente se depura la lista para gestionar el nombramientos de los que puedan trabajar.
Sin embargo, sobre la devolución del impuesto sobre la renta, retenido desde el Gobierno de Mireya Moscoso, explicó que se da una controversia interpretativa, ya que la ley panameña señala que todo ingreso debe ser gravado.