El ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, descartó la posibilidad de que el Estado panameño pueda vender a otros países el exceso de equipos para el control de multitudes adquiridos durante el gobierno pasado a un costo de $24 millones.
El funcionario explicó que el problema está en que esas bombas lacrimógenas y los pertrechos se compraron en cerca de $24 millones cuando el precio de mercado era de $2.7 millones.
“Si salimos a venderlas, nadie nos va a dar 24 millones, nos van a dar 2.7 millones. Si decidimos venderlas vamos a tener una pérdida grande allí”, sostuvo Aguilera.
Los $24 millones es la suma total de dos compras realizadas un año antes de las elecciones del 4 de mayo de 2014, una por $15 millones destinados por el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez a equipar el Servicio de Protección Institucional –que protege al Presidente- con 60 mil bombas lacrimógenas y sus lanzadores; 324 mil proyectiles de pimienta, 900 máscaras antigás, 5 mil granadas de humo, entre otros equipos.
La otra compra por $9 millones fue destinada por el exministro de Seguridad José Raúl Mulino para comprar 31 mil granadas lacrimógenas; 276 mil proyectiles de polvo de pimienta; 18 mil 500 cartuchos de impacto, calibre 12; mil 550 cascos de control de multitudes e igual cantidad de equipos antimotines completos.
En su momento, Mulino estimó que esta compra “no era exagerada”, al plantear que siempre hay que mantener inventario.
Aguilera manifestó que ya existe un proceso penal en curso por esta compra, por lo que ahora habrá que determinar si hubo delito o no en la misma.
Las municiones, armas y equipos fueron comprados a compañías vinculadas con el empresario Félix Fallabella y, en el caso específico de las bombas lacrimógenas, los precios varían en los contratos directos firmados por los exministros Henríquez y Mulino.
Al ser preguntado Aguilera si esta adquisición se dio con sobrecostos, expresó que “hay indicios que señalan hacia esa dirección”.
El funcionario acudió ayer a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, en donde estaba prevista la discusión del anteproyecto de ley 152 que prohíbe el uso de perdigones por parte de las unidades de control de multitudes de la Policía Nacional.
En este sentido, indicó que prohibir el uso de perdigones podría poner en desventaja a unidades de la Policía Nacional frente a manifestantes que probablemente puedan estar portando armas de fuego durante las protestas.