El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, dio a conocer que propondrá la aprobación de un reglamento de la Ley 82 de 2013 que tipifica el feminicidio y modifica el Código Penal, que no contenga disposiciones que atenten contra el ejercicio de la libertad de expresión.
El ministro hizo referencia a los artículos 30 y 70 de la Ley 82 de 2013, durante una reunión con representantes de los medios de comunicación este martes 8 de noviembre.
El artículo 70 establece lo siguiente: “Si se comprueba que cualquier medio de comunicación ha incurrido en discriminación o violencia en contra de las mujeres, será sancionado por el Ministerio de Gobierno con una multa de mil balboas (B/.1,000.00) a tres mil balboas (B/.3,000.00), dependiendo de la gravedad de la violación”. Mientras que el artículo 30, en su numeral 7, hace referencia a la reparación del daño causado a la víctima.
Henríquez informó que promoverá un proyecto de ley en el Consejo de Gabinete, para que se subroguen estos artículos y "otras leyes" que puedan contener artículos similares en los que se les da la potestad al Ejecutivo de sancionar a medios de comunicación.
Según el ministro, la función de dirimir controversias entre el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos de la mujer, personas con vulnerabilidad o todos aquellos que sientan que han sido vulnerados mediante actividades de un comunicador o medio de comunicación deben recurrir a los tribunales y que "sea el poder judicial el que defina sanciones". Esta iniciativa se presentaría en el próximo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, que se inicia en enero de 2017.
"Creo que todos estamos de acuerdo en defender la libertad de expresión, sin libertad de expresión no se pueden defender los demás derechos", dijo Henríquez.
Agregó que la Ley 82 de 2013 tiene múltiples partes y su reglamentación es importante, pero que también incluyó esos artículos que "no corresponden al Panamá del siglo XXI". "Creemos que un ministerio no debe tener la facultad de multar a medios de comunicación social", subrayó.
El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), emitieron un comunicado sobre este asunto en el que rechazaron "contundentemente cualquier intento que busque limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, imprescindibles para la sostenibilidad de la democracia...".