El tiburón, esa magnífica criatura que habita los mares desde hace más de 400 millones de años, tuvo una buena semana.
El pasado jueves, el presidente de Panamá, Martín Torrijos, suscribió una ley que proscribe el "aleteo" en aguas panameñas, la práctica de pescar el tiburón, mutilar sus aletas y arrojar el animal de vuelta al mar.
El mayor depredador marino es también un regulador ecológico, que mantiene el equilibrio y la salud de los mares.
La muerte de este recurso natural altera el equilibrio en la cadena de vida, afectando una miríada de especies marinas, que sustentan a más de 3 mil millones de personas en el mundo.
En Panamá, la sobrepesca y la extracción de cerca de 10 mil toneladas de aletas de tiburón para comercializar en Asia, lo están acabando, explica Gabriela Etchelecu, directora de MarViva.
"La nueva ley no prohíbe la pesca del tiburón, sino el ‘aleteo’, que ocurre porque, mientras la carne de tiburón cuesta entre 40 y 50 centavos, la libra de aleta se vende en Panamá entre 70 y 80 dolares", detalla Etchelecu.
Obstáculo de investigador
La historia detrás de la creación de esta visionaria ley comenzó en 2005 con un viaje dirigido por la Fundación MarViva y la Autoridad Nacional del Ambiente, a la isla de Coiba desde Puerto Mutis, en el Golfo de Montijo.
Más de 100 aletas de tiburones extendidas sobre una plataforma de madera recibieron a los miembros de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, quienes boquiabiertos preguntaron qué ocurría.
Los funcionarios de MarViva explicaron el problema internacional del "aleteo" de tiburón al diputado Milciades Concepción, quien preside la comisión, y propusieron crear una ley para prohibir esa práctica.
"Los pescadores artesanales nos dijeron que ya no hay casi tiburones en Panamá", rememora Concepción.
Preparar una propuesta no sería una tarea fácil, ya que escasean los datos científicos sobre el tiburón a nivel local y de la región, que respaldaran las iniciativas.
Etchelecu, de MarViva, cuenta que se necesita mantener un mejor sistema de información sobre la especie, ya que la información disponible es imprecisa.
Resulta que la carne de tiburón se mezcla con otros peces, de manera que se desconoce cuántos ejemplares se sacan. Solo se sabe que han disminuido las especies.
Pese a las dificultades, ambientalistas, científicos y diputados lograron un borrador presentado por MarViva y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que un año después logró el consenso.
La ambientalista Alexandra Cousteau, nieta del documentalista y explorador marino Jaques Cousteau, presente en la firma de la ley, aplaudió la iniciativa panameña.
"Con esta ley, Panamá se destaca como un líder en la región y un ejemplo a seguir", reconoció Cousteau.
Señala que está demostrado que un tiburón vale más vivo que muerto, y que los turistas pagan miles de dólares para ver tiburones en su ecosistema natural.
La ley prevé multas de mil a 100 mil dólares por el delito de "aleteo", y el decomiso de cargas ilegales, pero no prohíbe la pesca sostenible y el consumo de carne de tiburón.
El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá y segundo vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, concluye afirmando que "la sociedad está tomando conciencia plena de que debe existir un equilibrio entre las prácticas de pesca y las medidas de conservación".
