Impugnan la candidatura a diputado de Manolo Ruiz en el circuito 4-5

Impugnan la candidatura a diputado de Manolo Ruiz en el circuito 4-5
Manolo Ruiz.

Una denuncia de impugnación contra el candidato a diputado por el circuito 4-5 (Boquete, Dolega, Gualaca), Manolo Ruiz, postulado por la alianza "Uniendo Fuerza" que conforman el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano (Molirena) fue presentada ayer ante la Dirección Regional de Organización Electoral en la provincia de Chiriquí.

La denuncia  señala que Ruiz fue condenado a seis meses de prisión por el juzgado penal de Chiriquí, por "el delito de utilización ilegítima de bienes y recursos del Estado".

Menciona que, adicional a la pena privativa de libertad a Ruiz, se le inhabilitó para ejercer cargos públicos por el periodo de un año.

El documento también plantea que dicha candidatura no cumple con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución que establece que para ser diputado uno de los requisitos es "ser ciudadano en ejercicio".

En ese sentido asegura el documento que la postulación de Ruiz no cumple con la Constitución, debido a que es evidente que el hecho de estar inhabilitado indica que "no está en pleno goce de sus derechos ciudadanos".

Por ello, aportó como prueba el fallo emitido por el juzgado penal electoral de la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro, que confirma que hubo delito electoral.

Esta impugnación se da dos días después de que el PRD y el Molirena postularan a Ruiz. Precisamente fue Ruiz la razón por la cual el PRD decidió no postular a la diputada Athenas Athanasiadis en ese circuito.

En 2014 el Tribunal Electoral (TE) realizó nuevas elecciones en algunas circunscripciones por uso de recursos del Estado para campañas políticas, entre ellas, en el 4-5.

Las auditorías del TE dieron cuenta de que Ruiz habría utilizado $2 millones de fondos estatales para su candidatura en las pasadas elecciones.  Este es uno de los casos que aún se encuentran en manos de los magistrados del TE, debido a apelaciones de los abogados defensores de los excandidatos, luego de que los juzgados penales electorales confirmaran, en primera instancia, su culpabilidad en el uso de recursos estatales en 2014.

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