Los pobladores de Chiriquí Grande sentían que el anhelado progreso estaba llegando. Las calles de tierra eran reemplazadas por el asfalto y los proyectos turísticos empezaban a surgir.
El panorama económico se pintaba alentador hasta el pasado 4 de febrero, cuando unos 14 mil barriles (770 mil galones) de crudo de la empresa Petro Terminal de Panamá (PTP) fueron a parar al mar y empezó a desdibujar el paisaje.
Ahora una "marea negra" recorre las costas de la Laguna de Chiriquí Grande y a su paso deja las huellas de una destrucción ambiental y un pueblo pesimista.
En las calles y esquinas del pueblo el tema de conversación es el derrame. No solo se habla sobre los trabajos de limpieza, el daño social, económico y ambiental, sino también de las secuelas en las otras actividades de Chiriquí Grande.
Mala pesca
Han pasado 38 días del hecho, y al tiempo que la empresa adelanta los trabajos de limpieza, en los rostros de los pobladores se muestran las primeras secuelas sociales.
Los más vulnerables son los pescadores. El Ministerio de Salud prohibió la pesca en la zona hasta segunda orden y los "trabajadores del mar" buscan en cada movimiento comercial la manera de ganarse "un peso".
Familias conformadas hasta por siete personas dependían de los ingresos de la pesca de langosta, camarón, sierra, cojinúa, róbalo y otros productos del mar.
Para ellos era sencillo conseguir dinero. Salían en la mañana y regresaban en la tarde, y en los "días malos" se ganaban de cinco a diez dólares que les permitía comprar la mercancía para "acompañar el arroz y el plátano".
Una actividad que le representaba a los pescadores de Bahía Ballena y Man Creek, dos comunidades afectadas, ingresos hasta por 7 mil dólares al mes solo en pesca de camarones, según cálculos de un ex pescador.
Sin embargo, el pasado viernes a las 10:30 a.m. Eliberto Michel Osala llegó al puerto de Chiriquí Grande y con cara de preocupación miraba a su alrededor y al mar. Buscaba afanosamente a alguien que le ofreciera un "camarón" para poder comprar el café. En su casa, en la comunidad 1 de Noviembre, le esperaban su esposa, Cristina Jiménez, y sus siete hijos. "Estoy aquí para ver si alguien me pide que le cargue algo y a cambio me dé por lo menos un peso", dijo.
Pero, no es fácil. La actividad del puerto ha disminuido y los moradores no acostumbran a solicitar ayuda para cargar sus cosas. Pero, Osala no perdía la esperanza de conseguir un dólar, o por lo menos eso había logrado el día anterior.
"Con eso compré azúcar y algo de café para acompañar los plátanos sancochados y sin sal que nos estamos comiendo", dijo.
A 20 minutos del puerto en lancha, se encontraba la familia de Rosa Guerra en la comunidad de Ballena almorzando dachin y calalú (la primera es una raíz parecida al ñame y la segunda una hoja). "Tengo un mes y medio que no pruebo carne ni pescado", dijo Guerra.
Aunque la empresa ha estado repartiendo comida a los pescadores, la oferta no supera la demanda.
"Qué puede alcanzar 50 libras de arroz y 75 libras de pollo para una semana en una comunidad de casi 100 habitantes", se preguntó Mamerto Ábrego, uno de los pescadores de Ballena.
Ese día Ábrego no había almorzado, pero eso no le preocupaba, por ahora su inquietud gira en torno a cuando las autoridades de Salud van a dar la orden de pescar.
La repuesta tardará porque todavía la empresa no termina de limpiar la bahía, y cuando cree haber controlado una zona, aparecen otras manchas del crudo. Sin embargo, Pedro González, gerente de PTP, dice que "ya no hay petróleo en el mar y lo que queda por limpiar son las playas, manglares y rocas".
alerta internacional
A Luis Alonso Meléndez, presidente del Comité Pro rescate de Chiriquí Grande, le ha tocado analizar la situación con los demás moradores. Asegura que aparte de las actividades pesqueras hay un daño enorme por el derrame del crudo en el mar.
Habla de niños enfermos con diarrea y vómito por la inhalación del olor del crudo, y en el peor de los casos por su contacto directo. No es para menos. Cuando el crudo llegó a las comunidades indígenas, los niños empezaron ha manipularlo. La empresa contrató a los propios moradores, en su mayoría indígenas, para los trabajos de limpiezas y los primeros días de labores se hacían con poca seguridad, dijo.
Cada uno de estos aspectos fue analizado por la organización no gubernamental ambientalista Oilwatch.
En un informe se refiere a los daños ecológicos "aún no cuantificados" y también cuestiona el uso del dispersante Corxit que utilizó la empresa para la limpieza, el cual consideran "más tóxico que el petróleo".
González señaló que el manejo, supervisión y utilización del producto fue autorizado por la Autoridad Marítima de Panamá.