El empresario y banquero Samuel Lewis Galindo –en un comunicado publicado ayer en varios diarios locales– dijo que hará uso de los recursos legales necesarios por la "violación de derechos humanos al debido proceso" por parte de "dos magistrados de nuestra Corte Suprema, cuya trayectoria viene siendo ampliamente cuestionada por la ciudadanía responsable".
El también político –presidente vitalicio del Partido Solidaridad– no menciona por sus nombres a los magistrados que supuestamente violaron sus "derechos humanos", pero hay que recordar que el llamamiento a juicio que le hizo recientemente la Corte –en un fallo de casación– a él y a otros dos implicados fueron la magistrada presidenta del Órgano Judicial, Graciela Dixon, y su colega Winston Spadafora.
Lewis Galindo, Eduardo Masferrer (antiguo gerente general del Banco del Istmo) y su esposa, Maura Acosta (ex vicepresidenta interina del mismo banco), fueron llamados "a responder criminalmente a juicio" en el fallo, cuya ponencia es de la magistrada Dixon.
Dicho fallo revocó sentencias favorables a Lewis Galindo y a los ya mencionados ex funcionarios del banco, en un pleito en el que los acusados pidieron la prescripción del caso.
En su comunicado de ayer –al que se une otro de apoyo de la Junta Directiva de Banistmo, que se publica en la edición de hoy de La Prensa– Lewis Galindo asegura que lo que se pretende con este caso es "lucrar ilegalmente de la institución bancaria que presido".
El banquero también se queja de que este diario "trata de empañar con una noticia malintencionada, característica de este medio", su buen nombre.
En el fallo, salvó su voto la magistrada Esmeralda de Troitiño, quien dijo que no le tocaba a la Corte Suprema llamar a juicio a los implicados en este caso, sino que eso le corresponde al juez de la causa.
La Prensa trató de ubicar telefónicamente ayer a Lewis Galindo, pero el político no devolvió la llamada.
