ABUSO DE AUTORIDAD. SE PIDIÓ LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE LA FISCAL CORNEJO.

Magistrada Graciela Dixon denuncia a fiscal Anticorrupción

La presidenta de la Corte, Graciela Dixon, además de la investigación pidió la separación de Cornejo.

No hubo reacción alguna del Ministerio Público ante esta denuncia de abuso de autoridad.

PUGNA. La presidenta de la Corte estuvo acompañada por los magistrados (de Izq. a Der.) Alberto Cigarruista, José Troyano, Harley Mitchel y Aníbal Salas. PUGNA. La presidenta de la Corte estuvo acompañada por los magistrados (de Izq. a Der.) Alberto Cigarruista, José Troyano, Harley Mitchel y Aníbal Salas.
PUGNA. La presidenta de la Corte estuvo acompañada por los magistrados (de Izq. a Der.) Alberto Cigarruista, José Troyano, Harley Mitchel y Aníbal Salas.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, denunció ayer por abuso de autoridad a la fiscal segunda Anticorrupción, Maribel Cornejo, luego de que la funcionaria del Ministerio Público comenzó una investigación que, según Dixon, involucraba a magistrados del Órgano Judicial.

Dixon, actuando en representación del pleno de la Corte, pidió a la Procuraduría de la Nación que investigue la actuación de la fiscal Cornejo, se la separe del cargo y se le imponga la sanción penal correspondiente.

Dixon denunció que la funcionaria del Ministerio Público ordenó, el 4 de julio pasado, que se le tomara declaración jurada a Luiggi Colucci Polanco y a Samir Tejeira Arcia, quienes fungen como asistentes de los magistrados de la Sala Cuarta de la Corte.

La presidenta de la Corte consideró como "una arbitrariedad" de Cornejo, interrogar a estos dos funcionarios para conocer las interioridades de un fallo dictado por el pleno de la Corte el 6 de agosto de 2004.

Dixon agregó que la fiscal Cornejo no tiene facultades legales para investigar las actuaciones de los magistrados de la Corte, sino que esto le corresponde a la Asamblea.

La denuncia también establece que la fiscal incurrió en el delito de atentar contra la personalidad interna del Estado, ya que obstaculizó el funcionamiento de ese órgano de Estado al someter a personal auxiliar de magistrados, al ordenar una inspección ocular y al exigir información del trámite que se le dio a un expediente.

La fiscal Cornejo investigaba el supuesto pago de una "coima", basada en una publicación de La Prensa del 20 septiembre de 2006, donde se señalaba que el entonces magistrado César Pereira Burgos recibió un préstamo del ministro Roosevelt Thayer, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, según fuentes consultadas. Para esa fecha, Pereira Burgos fue ponente de un fallo que favoreció a Pérez B., relacionado con el caso PECC.

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