A fin de reiterar el repudio a los atentados contra la libertad de expresión contenidos en la reforma al Código Penal, periodistas de diferentes gremios marcharon ayer hasta el el hotel Plaza Paitilla, donde estaban reunidos diputados de diferentes bancadas políticas para tratar, precisamente, los cambios a ese texto legal.
En principio, la marcha de los periodistas iría desde la iglesia de Don Bosco hasta la sede de la Asamblea, pero a última hora debió ser cambiada a la Avenida Balboa por la decisión de los legisladores de reunirse en el referido hotel.
Así pues, los periodistas caminaron desde los predios de la Contraloría de la República y una vez en el hotel pidieron la presencia de una representación parlamentaria, que al final quedó integrada por sus dos vicepresidentes, Susana Richa de Torrijos y Carlos Alvarado; por el secretario general, Carlos Smith; y por el presidente y vicepresidente de la Comisión de Gobierno, Raúl Rodríguez y Jorge Hernán Rubio.
Acto seguido, los gremios entregaron su propuesta sobre las reformas al Código Penal: eliminar los artículos 187 y 189, y modificar el 422.
Contrapropuesta
En respuesta, los diputados invitaron a una comisión para que ingresara al recinto de discusión e hicieron lo propio los delegados del recién constituido Frente por la Defensa de la Libertad de Expresión: Jean Marcel Chery, Rubén Castrejo, Flor Lizondro, José Otero, Grisel Bethancourt y Enrique Brathwaite.
Una vez adentro, los diputados presentaron una nueva propuesta que básicamente elimina el artículo 189 y modifica el 187 y el 422.
En el fondo, sin embargo, la proposición elimina el artículo 189, pero su espíritu esencial pasa al 187, que a su vez cambia la pena de cárcel a días multa.
Por consiguiente, queda así: "Quien posea legítimamente correspondencia, grabación o documentos privados o de carácter personal, no destinados a la publicidad, aunque le hubiese sido dirigido y lo haga público sin la debida autorización y de ello resultare un perjuicio, será sancionado con 200 a 500 días-multa o arresto de fines de semana".
En tanto, al artículo 422 solo se le elimina el tema de la información política, pero igual castiga con prisión de dos a cuatro años a "quien revele información confidencial de acceso restringido, así declarada en virtud de las disposiciones legales vigentes, en materia diplomática o policial, referentes a la seguridad del Estado".
Además, los diputados incluyeron un nuevo artículo, el 188-A, que dice: "Quien patrocine, promueva o practique espionaje, seguimiento o persecución contra una persona sin autorización del funcionario competente, será sancionado con dos a cuatro años de prisión".
Al final, dicha oferta fue rechazada por los periodistas, que acordaron volver a reunirse para analizar posibles acciones futuras, entre estas pedir directamente al presidente, Martín Torrijos, el veto de los artículos.