Representantes de la procesadora de mariscos Marpesca rechazaron ayer las denuncias de los moradores de las comunidades de Diablo, Corozal y Albrook, quienes, además de cuestionar la legalidad de su instalación, los responsabilizan por los "malos olores, ruidos y afecciones dermatológicas", que los afectan.
Darío Picans, gerente administrativo de la compañía, explicó que la base legal de su instalación se sustenta en la Ley 25 del 30 de noviembre de 1992, que creó la Zona Procesadora de Corozal, la cual se estableció mediante un acto de licitación pública convocada por la extinta Autoridad de la Región Interoceánica, en la que participaron y ganaron.
Además, aseguró que "si existen afecciones a la salud, malos olores y ruidos en la comunidad" no están relacionadas con la actividad que realiza la empresa, la cual, insistió, cumple con estándares sanitarios locales e internacionales.
Agregó que la empresa, donde trabajan cerca de mil personas, es evaluada hasta por los que compran el producto.
Moradores de Diablo realizaron este lunes una protesta pacífica en la sede de la Autoridad Nacional del Ambiente, en demanda de la salida de la empresa, y además anunciaron que demandarán a la institución ambiental.
Nino Naurelli, vocero de la comunidad, basó su solicitud en un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 4 de mayo de 2001, que indica que las zonas procesadoras de mariscos deben estar establecidas en el puerto de Vacamonte, en el distrito de Arraiján.