Un grupo de militares que participaron directa e indirectamente en el fallido golpe de Estado contra Guillermo Endara – que lideró el entonces coronel Eduardo Herrera, entre el 4 y 5 de diciembre de 1990– regresó a las filas de las instituciones públicas que coordinan la estrategia de seguridad del país durante los gobiernos democráticos.
Estos militares se sumaron específicamente a la Policía Nacional y al Servicio de Protección Institucional (SPI), institución encargada de la seguridad del Presidente.
Según la planilla estatal que publica la Contraloría General, el retorno de estos militares al gobierno civil se dio en las administraciones de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), Martín Torrijos (2004-2009) y en la del actual mandatario, Ricardo Martinelli.
Esto a pesar de que la mayoría fue expulsada o dada de baja a finales de 1990 por “atentar contra la personalidad interna del Estado”, entre otras causas.
Otros, en cambio, renunciaron voluntariamente en 1990 al anunciarse el inicio de investigaciones en su contra.
Uno de estos “retornos” es el del propio hermano de Eduardo Herrera, Francisco Herrera, quien fue detenido en 1990 por haber estado involucrado en reuniones con líderes sindicales con fines golpistas en contra de Endara.
Hoy, Herrera –con un salario de 3 mil dólares mensuales– es el asesor principal del actual jefe de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, un militar allegado a Manuel Antonio Noriega que llegó a ocupar el cargo de subjefe de la Unidad Especial de Servicio Anti-terror (UESAT).
Pérez defendió al régimen de Noriega hasta los últimos momentos de la invasión estadounidense, y al principio del gobierno de Endara fue arrestado por el Departamento Nacional de Investigaciones por su supuesta vinculación en el crimen del estadounidense Raimond Dragset.
Pérez estuvo detenido una semana en la cárcel Modelo y después fue liberado por no haber pruebas en su contra. Además, se lo incluyó en un informe policial sobre un supuesto plan de secuestro contra extranjeros durante la invasión, asunto que actualmente investiga el Ministerio Público.
En esta nueva etapa de su carrera, Pérez también nombró en la Policía Nacional a otros ex compañeros de la época de Noriega: Rodolfo Moreno, Jacinto Tom y Alejandro Araúz.
Moreno, actual secretario de la Policía Nacional con funciones de subdirector, fue contratado el año pasado por Pérez con un salario de 3 mil dólares, según información de la Contraloría General.
En el régimen de Noriega, Moreno fue director de la UESAT en Chiriquí, y luego de la invasión renunció cuando la oficina encargada de recuperar los vehículos del Estado –que estaban en manos de los militares– le empezó una investigación. Se le cuestionó a Moreno, en ese momento, por tener una camioneta Land Cruiser propiedad del Estado (IRHE).
Por su parte Tom, quien fue enviado por Noriega a China y Taiwan a estudiar mandarín y que luego de la invasión quedó como asesor de Eduardo Herrera en su breve paso como segundo director de la Policía Nacional en el gobierno de Endara, retornó a la institución en la gestión de Martinelli como parte del equipo asesor de Pérez, con un salario de 3 mil dólares.
Meses después, el pasado 30 de marzo, Tom fue ascendido a director del Servicio Nacional Aeronaval.
Alejandro Araúz, quien fue dado de baja en 1990 por ser uno de los militares denunciados por la sociedad civil, ahora es parte de la directiva de la Policía Nacional. Araúz llegó de la mano de Pérez.
