Los diputados que integran la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobaron este miércoles 17 de mayo no admitir las denuncias contra el presidente Juan Carlos Varela, relacionadas con las declaraciones del abogado Ramón Fonseca Mora.
Fonseca Mora, el pasado 9 de febrero, dijo a los medios de comunicación que Varela le confió que había recibido donaciones de la empresa brasileña Odebrecht “porque no se podía pelear con todo el mundo”.
A Varela se le denunció por la comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión en el ejercicio de sus funciones y abuso de autoridad, entre otros.
Además, los diputados acordaron no admitir las denuncias contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, y los magistrados Jerónimo Mejía, Abel Zamorano, Oyden Ortega, Secundino Mendieta y Harry Díaz; también del exmagistrado Harley Mitchell.
A los magistrados los denunciaron por actos violatorios de la Constitución Nacional. En tanto que a Ayú Prado lo denunciaron individualmente por abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público.
El diputado presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Jorge Alberto Rosas, declaró que esas denuncias contra Varela “y el magistrado”, al cual no identificó, son para distraer del verdadero problema jurídico que enfrentan los denunciantes en el Ministerio Público.
Al ser cuestionado Rosas sobre esos casos, dijo que las denuncias presentadas contra Varela se basaban en unas declaraciones del abogado Ramón Fonseca Mora, que en el fondo van dirigidas contra una empresa.
En otra parte de sus declaraciones, Rosas indicó que habían denuncias políticas y otras relacionadas con casos que se estaban tratando en el Ministerio Público, pero no específico cuáles eran.
Sobre las cuatro denuncias presentadas contra Varela, el diputado Rosas indicó que no se presentaron indicios adicionales a la declaración de Fonseca Mora.
Además, la declaración de Fonseca Mora tiene que ver con las donaciones de campaña y “eso no es delito”, así que la Asamblea Nacional no podía entrar a discutir ese caso.