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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA

‘Los fondos deben ser devueltos’

Varela hizo un balance de lo que ha recuperado el Estado por lesión patrimonial, ante hechos de corrupción atribuidos al gobierno anterior.

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Al menos $100 millones es el monto en vías de recuperación que se ha identificado hasta ahora, como parte de los distintos procesos que se adelantan por lesión patrimonial al Estado cometidos en la administración anterior.

Así lo informó ayer el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en una entrevista a La Prensa.

Según el mandatario, la cifra podría aumentar a medida que el Ministerio Público avance en las investigaciones de los hechos, y en función de lo que miembros de su equipo de gobierno han descubierto en diferentes instituciones públicas durante los últimos meses.

“La cifra de lesión patrimonial, que está en vías de recuperación, se puede estar acercando a los $100 millones. Eso indica que esto es mucho más grande de lo que todos esperábamos, y la cifra de recuperación patrimonial puede ser una cifra mucho más importante”, dijo.

Enumeró algunos de los casos en los que se han registrado desvíos de fondos públicos: Programa de Ayuda Nacional (PAN), Cobranzas del Istmo y Aeropuerto Internacional de Tocumen.

“Son casos muy importantes de enriquecimiento injustificado de funcionarios y de lesión patrimonial”, sostuvo.

Solo en las cuentas bancarias halladas al exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén –detenido en El Renacer–, tanto en bancos locales como en el extranjero, así como bienes cautelados, se suman poco más de $40 millones.

También fueron aprehendidas otras cuentas ligadas al PAN; entre ellas, las de Rubén De Ycaza, excontratista de la entidad y sobre quien fue impuesta una medida cautelar de casa por cárcel.

En el proceso por la compra de alimentos deshidratados por $60 millones a la empresa Lerkshore International Limited, propiedad de De Ycaza, la Fiscalía Segunda Anticorrupción calcula que por ahora hay una lesión patrimonial al Estado que ascendería a $30.4 millones.

En la empresa Cobranzas del Istmo, contratada en 2010 de forma directa por la Dirección General de Ingresos (DGI) para el cobro de impuestos morosos, el monto de la lesión llegaría a los $22 millones. Fondos que deben ser devueltos, aseguró Varela.

También figuran los cerca de $2 millones que recuperó el gobierno luego de que se diera por terminado, de manera irrevocable, el contrato firmado con la empresa Sky Parking, S.A. para la administración y operación de los estacionamientos del aeropuerto de Tocumen.

‘INACEPTABLE’

Sobre los dueños reales de Cobranzas del Istmo, cuyas oficinas fueron allanadas recientemente por autoridades judiciales, el mandatario dijo que le corresponderá al Ministerio Público encontrar a los dueños, y al Ejecutivo cooperar.

“[Se] debe investigar el destino final de estos fondos –$22 millones– y exigirle cuentas a las personas responsables”, agregó.

A su juicio, es “totalmente inaceptable” que el gobierno anterior haya hecho un pago a esa empresa.

Cobranzas del Istmo, que en total facturó $47.1 millones en comisiones por el cobro de impuestos morosos, recibió $22 millones por supuestamente gestionar el pago de tributos de Tocumen S.A., sociedad estatal que administra el principal aeropuerto internacional del país.

ESPIONAJE

El mandatario también se refirió a la desaparición de los equipos usados para espiar las comunicaciones de hasta 150 empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y opositores al gobierno de Ricardo Martinelli.

“No hemos dado con la máquina. Hay un proceso judicial, en el que al Ministerio Público le toca seguir con la investigación [y] al Consejo de Seguridad respaldar la investigación para identificar dónde está el equipo”, dijo.

Varela destacó que se han hecho averiguaciones en el gobierno, pero “no se ha ubicado” la pinchadora.

Investigaciones que adelanta el Ministerio Público dan cuenta del posible paradero de la máquina. Agentes del Consejo de Seguridad Nacional declararon bajo juramento cómo el equipo espía fue transportado a las oficinas del Súper 99 en calle 16, Río Abajo, propiedad de la familia Martinelli.

El mandatario dijo que habría esperado más cooperación de Israel, de donde procede la pinchadora, que costó $13.4 millones.

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