ÓRGANO JUDICIAL. MAGISTRADOS PODRÁN DECLARAR ABIERTAMENTE SOBRE SUS FALLOS.

Nuevo código de ética judicial

El texto regula deberes y derechos de magistrados y jueces, pero las sanciones están en el Código Judicial.

Panamá entra en sintonía con la corriente iberoamericana de ética, impulsada desde 2001.

AVANCE. Los jueces podrán denunciar cualquier tipo de perturbación a su independencia. AVANCE. Los jueces podrán denunciar cualquier tipo de perturbación a su independencia.
AVANCE. Los jueces podrán denunciar cualquier tipo de perturbación a su independencia.

El Órgano Judicial panameño ya tiene su Código de Ética. La iniciativa, que fue aprobada a través del Acuerdo No. 523 del pasado 4 de septiembre de 2008 por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, aparece en medio de la aguda crisis de falta de credibilidad que sufre la justicia panameña, salpicada por acusaciones de corrupción y favoritismo en las decisiones judiciales.

Desplegados en 103 artículos, el nuevo código contempla un conjunto de deberes, exigencias y derechos que serán aplicados no solo a jueces y magistrados que integren ese órgano del Estado, sino también alcanza al resto de sus servidores, pero cuyas sanciones disciplinarias por sus actos seguirán reguladas en el Código Judicial.

La nueva norma crea una Comisión de Ética Judicial, que estará integrada por un magistrado de la Corte, dos jueces o magistrados jubilados, un retirado efectivamente de la profesión y un docente jubilado de una facultad de derecho, y tendrá entre sus tareas emitir dictámenes éticos en los procesos que se tramiten ante ella.

“Si la comisión advierte que en lo que se investiga puede darse alguna otra responsabilidad propiamente jurídica, le corresponderá remitirlo al órgano con competencia para que decida lo apropiado”, dijo el presidente de la Corte, Harley Mitchell, al explicar el alcance de la comisión.

ANTECEDENTES

Con la aprobación de este código, Panamá busca ponerse en sintonía con la corriente iberoamericana que alcanzó fuerza desde 2001, cuando en la Cumbre Judicial en Canarias se aprobó el Estatuto del Juez Iberoamericano.

Un año más tarde, en México, en ese mismo foro en el que asisten 23 poderes judiciales de la región, la idea fue apuntalada al refrendar la “Carta de derechos de las personas ante la justicia en el espacio judicial iberoamericano”.

Pero no sino fue hasta 2004 cuando en la capital San Salvador se decidió impulsar la elaboración de un Código Modelo para Iberoamérica. En la Declaración de Copán, suscrita en esa cumbre, se fijo que los principios básicos que inspiran la actitud ética de los jueces en el ejercicio de su función son: independencia judicial, imparcialidad, objetividad, probidad, profesionalismo y excelencia en el ejercicio de la judicatura.

Hace dos años, en junio de 2006, Panamá formó parte de los países que suscribieron en República Dominicana el referido Código Modelo de Ética Judicial.

El respaldo de Panamá a la iniciativa llegó cuatro años después de que, en el terreno nacional, el país ya había aprobado la denominada Ley de Transparencia, que dispone que todas las dependencias públicas tenían que elaborar su código de ética.

El Código Panameño

Tras consultas internas nació el nuevo Código de Ética Judicial, que se inspira en el Código Modelo Iberoamericano, pero con las “correcciones, particularidades y adaptaciones” a la normativa panameña, dijo el magistrado Mitchell.

La nueva disposición ética deja abierta la posibilidad al juez para emitir declaraciones en forma directa o través de la Secretaría de Comunicación sobre sus casos, un giro a la vieja práctica que indicaba que los jueces solo hablaban a través de sus fallos.

También se autoriza al juez a denunciar cualquier intento de perturbación de esa independencia judicial, y se le prohíbe recibir regalos o favores de alguna persona cuyos intereses puedan ser afectados por sus fallos. Se espera la designación de los encargados de aplicar el nuevo código.

‘Auditores, primera línea para contener el fraude’

El nuevo Código de Ética Judicial llega ochos meses después de que Harley Mitchell asumiera la presidencia de la Corte Suprema. En ese mismo período se reactivó la labor de la Dirección de Auditoría Judicial, que entre sus recientes tareas divulgadas aparecen los análisis a los expedientes penales y civiles de los descalabros de los grupos Fotokina y Adelag, cuyos casos estuvieron a punto de prescribir seis años después de haberse declarado en formal estado de quiebra.

Las auditorías también han dejado a flote el manejo de dos despachos en La Chorrera.

En tanto, el pasado 9 de septiembre, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Judicial culminaron la capacitación de personal de la Dirección de Auditoría Interna, como parte del plan que busca prevenir, detener y sancionar la corrupción.

Littleton Tazewell, nuevo director de la USAID en Panamá, al referirse al tema dijo que los auditores constituyen “la primera línea de defensa para contener el fraude y mermar la impunidad”.

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