La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) demandó que el castigo que reciban los que sean encontrados culpables de corrupción y otros delitos contra la administración pública deben ir acompañados de la reparación del daño causado. "El castigo exige también la reparación del daño causado", señaló la CEP en un comunicado emitido esta tarde luego de cuatro días de reuniones de los obispos católicos y en el que analizan la situación sociopolítica del país y los principales hechos de la Iglesia católica panameña."A los infractores les pedimos que se reconcilien y para ello deben reconocer que su delito ha provocado un daño que debe ser asumido y reparado. No se debe entender el castigo solo como sanción penal, porque por sí misma no es más que una contención, pero no sana", advirtieron los obispos.Reiteraron su posición de que todos, "absolutamente todos los casos de corrupción" deben ser investigados para conocer la verdad y no únicamente aquella parte de la verdad que conviene a unos pocos".Indicaron que ahora más que nunca debe existir la certeza del castigo para recuperar la confianza en la institucionalidad y en el sistema de justicia.El Ministerio Público actualmente investiga a varios funcionarios del pasado gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) por supuesta corrupción y violación de las garantías fundamentales de los ciudadanos, como el escándalo por las escuchas telefónicas de más de 150 dirigentes políticos, sindicalistas, de la sociedad civil, empresarios, periodistas, entre otros.Los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez están detenidos en La Gran Joya por investigaciones sobre escuchas telefónicas. También desde noviembre pasado, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén está detenido en una celda de esa prisión por supuesto delito de corrupción y peculado.El exjefe del PAN Giacomo Tamburrelli mantiene medida de casa por cárcel en el proceso sobre compra fraudulenta de comida deshidratada para escuelas públicas. La exministra de Educación Lucy Molinar mantiene igual medida cautelar por investigaciones relacionadas a un supuesto sobrecosto en la adquisición de mochilas escolares.La exministra de la Ampyme Giselle Burillo es procesada por varias denuncias relacionadas con sobrecostos en varias compras y en el caso de manejo político partidista dentro de la institución.