El Programa de Ayuda Nacional (PAN) financió económicamente a Rubén De Ycaza a través de Lerkshore International Limited para que pudiera comprar e importar comida deshidratada brasileña que se repartió en escuelas de escasos recursos.
Lo anterior se desprende de la investigación de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, en la que se menciona que Lerkshore International –representada por De Ycaza– podría haber incurrido en “sobrecostos y malversaciones de fondos públicos”.
De Ycaza confesó a la fiscalía que sus bienes “provienen de los dos contratos celebrados con el Estado [por 60 millones de dólares], durante la administración de Ricardo Martinelli”.
La fiscalía indicó que Lerkshore International “adquirió capacidad crediticia con las cartas de crédito ordenadas con fondos del PAN al Banco Nacional de Panamá (BNP), directamente al proveedor”.
Agregó que la mercancía era recibida por el PAN después de que el BNP “liberaba los endosos que le dan capacidad de negociación como parte de los adelantos que recibía la empresa”.
En un informe de la Contraloría, se observa que De Ycaza recibió adelantos por 18.5 millones de dólares, a través de transferencias entre junio y diciembre de 2010. Una de estas transferencias fue internacional –por 15.5 millones de dólares– y refrendada por la hoy excontralora Gioconda de Bianchini.
SIN EXPERIENCIA
Lerkshore International –que abasteció de comida deshidratada a escuelas públicas del país entre 2010 y 2011– “no existía en Panamá, ni se acreditó su experiencia a la fabricación o importación de alimentos deshidratados”, señala la investigación de la fiscalía.
Las autoridades también cuestionaron el costo del paquete unitario de alimentos deshidratados tras verificarse las facturas enviadas por la empresa brasileña Prativita a Lerkshore International, en la que se determina una lesión patrimonial por más de 45 millones de dólares.
De la astronómica cifra, indica el informe, 30.4 millones de dólares estarían comprometidos en bienes adquiridos por De Ycaza, que son objeto de cautelación judicial en estos momentos.
Entre estos bienes se encuentran cuatro fincas y dos cuentas bancarias; dos de las fincas cauteladas son apartamentos a nombre de dos de los hijos de De Ycaza que tenían préstamos hipotecarios con el Balboa Bank & Trust, y en los que el comerciante aparece como garante.
Simultáneamente, una auditoría del Tribunal de Cuentas determinó que el registro de estos alimentos fue tramitado en la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), pero luego de otorgarse uno de los contratos.
Por entonces, se registraron múltiples casos de niños intoxicados, principalmente en Coclé y Veraguas. Pero las quejas fueron ignoradas.
Otros hallazgos son las inconsistencias en los viajes realizados por el entonces jefe del Departamento de Nutrición del PAN Ángel Famiglietti –actualmente detenido– respecto a las actas de inspección, entrega y salida de los productos del puerto de Río Grande, en Brasil.
También, la “inexistencia de estudios de factibilidad que avalaran la conveniencia económica y técnica del proyecto”, lo que ocasionó la lesión patrimonial, según la fiscalía.
La auditoría coincide con la versión de una fuente que indicó que se pagaron viáticos en el PAN “sin justificación”.
Ante estas revelaciones, se ordenó cautelar bienes y cuentas bancarias de De Ycaza; pero también del exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; de Ángel Famiglietti y de la exministra de Educación Lucy Molinar, hasta un alcance de 44.9 millones de dólares.