Unos 30 mil ex empleados de la extinta Comisión del Canal de Panamá y del Ejército de Estados Unidos exigen el pago de mil 200 millones de dólares en concepto de la indemnización por cesantía, seguridad social, prima de antigüedad, decimotercer mes y otras prestaciones establecidas en las leyes panameñas.
Los trabajadores se organizaron en la Asociación de Empleados y ex empleados del Área Canalera (Asedac) e interpusieron en marzo de 2001 una demanda que fue admitida por la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos. Andy Alemán, dirigente de Asedac, explicó que por disposición de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, la extinta Comisión del Canal y el Ejército de Estados Unidos debieron pagar las prestaciones mencionadas, debido a que con ese acuerdo los empleados de estas entidades también se regían por las leyes laborales y de seguridad social panameñas.
El reclamo de los trabajadores toma vigencia con la publicación del libro Traición a la lucha por el Canal de Panamá, 180 Grados al Sur, escrito por el trabajador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Aurelio Basilio Grimes. En el libro se reproducen documentos oficiales que hacen referencia a las gestiones que hicieron Panamá y Estados Unidos (EU) para reconocer las prestaciones, principalmente el decimotercer mes.
Entre los documentos está la Memoria que el Ministerio de Relaciones Exteriores de 1982, presenta ante la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento y en la cual hay un comunicado del entonces canciller, Juan José Amado III, anunciando un "acuerdo satisfactorio" con EU para el pago a la Caja de Seguro Social de la contribución equivalente a la segunda partida del decimotercer mes a los empleados de la Comisión del Canal y de las bases militares.
Grimes también incorpora un memorando firmado por el primer administrador del Canal, Dennis P. McAuliffe, y el entonces jefe del Comando Sur, teniente general Wallace H. Nutting, reconociendo que las leyes panameñas conceden una compensación llamada decimotercer mes. Adicional, insertó declaraciones -publicadas en el Miami Herald- del ex secretario del ejército de EU, Luis Caldera, quien dirigió el proceso de transición en el sentido de que fue testigo de que EU actuó de buena fe y ha dado ya millones de dólares a Panamá para resolver el conflicto.
En cuanto a la demanda, abogados del Gobierno de EU pidieron la anulación del proceso al alegar que con el cierre de la Comisión y de la Oficina de Transición (OTA, por su siglas en inglés) no existe a quién atribuirle responsabilidad por el pago millonario. Jueces estadounidenses evalúan ese argumento.
ASÍ SUCEDIERON LOS HECHOS
PAGO: Según la Asedac, por disposiciones del Tratado Torrijos - Carter, la Comisión del Canal y el Ejército de Estados Unidos debieron pagar desde 1979 las prestaciones previstas en las leyes laborales panameñas.
PROCESO: Los empleados y ex trabajadores del Canal y las bases demandan en Florida al Gobierno de Estados Unidos y estiman que le deben unos mil 200 millones dólares.
DECISIÓN: El juez Donald Graham, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, quien dice que no tenía jurisdicción para arbitrar la disputa por indemnizaciones.
REVOCATORIA: El Tribunal del Circuito Federal de Apelaciones desestimó el fallo del juez Graham, y le pide que admita la demanda.