El tira y jala político para lograr el control de la Asamblea Nacional, a pesar de la existencia de un nuevo acuerdo entre diversas bancadas con miras a reelegir en la presidencia al diputado perredista Rubén De León, no se detendrá hasta que se escoja el próximo 1 de julio la nueva junta directiva, que presidirá la institución en el tercer periodo de sesiones.
Aunque en los dos primeros períodos legislativos –el presidido por el panameñista Adolfo Valderrama y el encabezado por el perredista Rubén De León– se llegaron a acuerdos para liderar la Asamblea con base en una agenda de temas, muchos de estos temas ni siquiera fueron sometidos a discusión.
En este tercer periodo, en medio de la lucha por el poder, aún se desconoce sobre qué asuntos de Estado o agendas se basará el acuerdo que llevaría a De León nuevamente a la presidencia del Legislativo, una estrategia que para algunos sectores solo sería una excusa para llegar al poder.
TEMAS POSTERGADOS
En el llamado “Pacto de Gobernabilidad”, firmado en junio de 2014 entre el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), se acordaron varios aspectos, entre ellos, colaborar en temas de Estado, como “la descentralización municipal, una revolución educativa [y] auditorías forenses a todos los megaproyectos del gobierno que termina”.
Los partidos también prometieron trabajar en un “programa de seguridad ciudadana, una reforma profunda al sistema de salud pública, y convertir en ministerio la Autoridad Nacional del Ambiente.
De igual manera, se habló de darle atención especial a las comarcas, creando un nuevo ministerio para el desarrollo de los pueblos originarios, y sobre la convocatoria a una constituyente.
Aunque los diputados trabajaron en lo inherente a la seguridad, las auditorías a los megaproyectos del gobierno anterior y la creación del Ministerio de Ambiente, dejaron pendiente la creación del ministerio indígena, la descentralización municipal –que fue aprobada en el segundo periodo– y la convocatoria a la constituyente.
CON DISIDENTES
Tras el rompimiento del “Pacto de Gobernabilidad”, en junio de 2015, surgió un nuevo acuerdo entre los panameñistas y disidentes del PRD y de Cambio Democrático (CD), quienes llevaron a Rubén De León a la presidencia de la Asamblea.
Las tres bancadas firmaron un acuerdo legislativo que incluía el debate de por lo menos 10 leyes en el segundo periodo de sesiones.
Entre los temas estaba la ley de contrataciones públicas, la institucionalización de la ley de carrera administrativa, el establecimiento de la ley general de sueldos y salarios, la descentralización, la inclusión de los pueblos originarios y la revisión de la ley de transparencia.
También se acordaron reformas al Código Procesal Penal relativas al restablecimiento de los plazos de prescripción de las penas para los delitos contra la administración pública, y modificaciones a la Ley 55 de 2012, conocida como la ley blindaje, que establece el mecanismo especial para juzgar a los diputados.
OTROS TEMAS A DEBATIR
serían las reformas electorales y la revisión y mejoramiento de leyes del sector agropecuario, y otra legislación para promover el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud.
Ni la institucionalización de la ley de carrera administrativa, el establecimiento de la ley general de sueldos y salarios, la revisión de la ley de transparencia ni la discusión de las reformas al Código Electoral fueron tratadas o aprobadas durante el segundo periodo.Sí se aprobó la ley de descentralización municipal, y, a duras penas y con serios cuestionamientos, las reformas a ley de contrataciones públicas.
AGENDA A TRATAR
Según el diputado panameñista Luis Eduardo Quirós, en un posible acuerdo legislativo para este tercer periodo de sesiones habrá que comprometerse con tres temas básicos: revisar el veto presidencial al proyecto 305, que modifica la ley de contrataciones públicas; la discusión de la ley de transparencia, que en estos momentos se debate en la mesa de la Concertación Nacional; y el proyecto 292 de reformas al Código Electoral.
Por su parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Raúl Hernández, coincidió con Quirós en que el proyecto de reformas al Código Electoral y el análisis del veto presidencial al proyecto de reformas a la ley de contrataciones públicas serán los temas más importantes a tratar en el nuevo periodo legislativo.
Hernández señaló que por el momento no ve que haya otros temas de interés por parte del Ejecutivo, que dirige el presidente Juan Carlos Varela, por lo que aseguró que en este periodo un gran número de leyes será iniciativa de los diputados.
SOLO BUSCAN EL PODER
Para el analista político Mario Rognoni, en la firma de acuerdos legislativos entre partidos de bancadas, “hoy por hoy, el compromiso es más por el poder que por las leyes a tratar. Eso es lo que más les interesa, ellos no están allí para cumplir ninguna agenda”.
“No creo que en este tercer periodo cambie el panorama de luchar por el poder más que por una agenda legislativa de temas. Prevalecerá llegar el poder para disfrutarlo y repartirse el botín”, opinó.
En tanto, el politólogo Carlos Guevara Mann consideró que, año tras año, los integrantes de la Asamblea someten a la ciudadanía “al denigrante espectáculo de su rebatiña por los cargos directivos”.
Indicó que este “degradante ejercicio” no tiene otra motivación que el acceso al abultado presupuesto –$92.8 millones– de la Asamblea y a los emolumentos adicionales que corresponden al presidente y vicepresidentes del plenario y las comisiones.
“No hay en su vergonzosa conducta ninguna orientación al bien común, a un programa de gobierno, a una agenda nacional. Solo los anima la codicia y el afán de figuración”, resaltó.
Añadió que en las pujas y repujas por las posiciones de la mesa directiva también intervienen el Ejecutivo y las cúpulas de los partidos, sobre todo los de oposición.
“Al Ejecutivo le interesa someter a la cámara a sus designios, para impedir que esta ejerza su laborfiscalizadora. Las cúpulas opositoras, a su vez, desearían controlar la Asamblea, a fin de obtener una palanca inigualable para chantajear al gobierno con el propósito de obtener mayores prebendas, nombramientos de adherentes y contratos para sus jerarcas”, dijo.
¿Quién tendrá el control de este órgano del Estado? Todo depende de los pactos políticos que surjan antes o durante el 1 de julio próximo. Al fin y al cabo, la política rige al Legislativo.
