"Todo sea por el desarrollo económico". Para el arquitecto y urbanista Álvaro Uribe esta frase ha sido por más de cinco décadas la excusa para justificar el desordenado crecimiento urbano en el país.
Esta muletilla utilizada por inversionistas, banqueros, proveedores, proyectistas u obreros ligados al sector de la construcción siempre ha estado por encima de las leyes. Prueba de ello —asegura el urbanista— es que "todas las ilegalidades que se han cometido en contra del ordenamiento territorial, el Estado las ha resuelto dictando normas que las legalicen haciendo un ‘borrón y cuenta nueva’ que solo beneficia a una minoría".
El Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico, donde se invirtieron 12.6 millones de dólares, también es ignorado por las autoridades que conceden permisos de construcción que van en contra de las políticas de desarrollo establecidas.
En este sentido, la que fuera directora de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda (Mivi) en 1989, Marta Álvarez, confirma que en su período se dieron "casos tan insólitos como que algunos municipios aprobaban que particulares construyeran sobre parques constituidos por el propio Mivi y otras situaciones donde se autorizaba el levantamiento de urbanizaciones que podrían estar condenando uniones viales que se requerían para la población".
Según el arquitecto Álvaro Uribe, estas anomalías han repercutido negativamente en barrios de la capital que, por su atractiva ubicación, han sido explotados hasta mostrar visibles signos de agotamiento, como La Cresta, Obarrio, San Francisco, Bella Vista, Paitilla, o La Exposición.
Las nuevas edificaciones no contemplan que las calles, el sistema de recolección de aguas servidas o los estacionamientos de estos sectores no pueden estirarse para soportar la cantidad de movimiento residencial y comercial creciente. El principal tumor para estas zonas es la construcción de edificios con capacidad para más de 2 mil 500 personas en terrenos pensados para un máximo de mil vecinos.
La otra enfermedad es el delirio de altura que planta edificaciones de 10 o más pisos en parcelas que, en teoría, eran para viviendas unifamiliares.
El juega vivo urbanístico también afecta el espacio verde que cualquier proyecto de vivienda debe contemplar.
Según la ex funcionaria Marta Álvarez, la práctica habitual es dejar como parque el terreno que sería difícil vender por estar cerca de una cañada, quebrada o talud. Por otro lado, el tamaño de esas áreas padece de raquitismo en comparación con el número de casas que se termina construyendo.
FUTURAS NORMAS
Para el arquitecto Álvaro Uribe aún hay tiempo para lograr que Panamá sea, dentro de 50 años, una ciudad fabulosa, si se empiezan a aplicar acciones drásticas, pero efectivas.
Mencionó que, de los grandes beneficios que reciben los proyectistas de sus obras, un porcentaje debería transferirse por vía tributaria al país para restaurar los viejos sistemas de alcantarillado, tuberías de agua potable o calles, como se hace en Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina o Colombia.
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