Una nueva dirección deberá crear la Defensoría del Pueblo si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley que crea el mecanismo nacional para la prevención de la tortura.
El documento, que será presentado al Legislativo en los próximos días por la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, tiene 46 artículos, y ya fue aprobado por el Consejo de Gabinete del presidente Juan Carlos Varela.
ASPECTOS
La tortura “es uno de los actos más graves que afectan los derechos humanos de las personas y se entiende como todo acto realizado intencionalmente con el que se inflijan penas o sufrimientos físicos o mentales, a una persona, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”, señala el documento en su exposición de motivos.
La iniciativa menciona además que el país está en mora desde 2011 con la creación de una instancia que prevenga la tortura y los tratos crueles en cárceles, ya que Panamá acogió el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, de la Organización de Estados Americanos. A la mencionada dirección le corresponderá cumplir con 19 funciones, de acuerdo con lo que plantea el proyecto.
Por ejemplo, esta entidad deberá examinar periódicamente el trato y las condiciones en las que se mantienen a las personas privadas de libertad en sus lugares de detención. En este sentido deberán implementar un sistema de visitas periódicas a dichos centros.
También deberán emitir recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar el trato y las condiciones de los presos.
El mecanismo de prevención se ayudará con un consejo consultivo, cuyos miembros trabajarán ad honorem y serán escogidos por la sociedad civil organizada.
LA CABEZA
El proyecto establece, entre otras cosas, que el Ejecutivo asignará partidas presupuestarias para la nueva dirección que ejercerá sus funciones con “absoluta independencia”.
El mecanismo nacional para la prevención de la tortura estará integrado por un director(a) nacional, un subdirector(a) y el personal profesional, técnico y de apoyo que se requiera para el cumplimiento de las funciones asignadas, que nombrará un comité de selección. Este comité estará integrado por un representante del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Además, por dos dirigentes de la sociedad civil, que escogerá la Comisión de Estado por la Justicia.
Quienes sean seleccionados para esta dirección, deberán estar a paz y salvo con la justicia, tener más de 35 años de edad, y gozar de los derechos civiles y políticos.
Igualmente, quien pretenda dirigir la institución no podrá haber estado en un cargo de elección popular, por lo menos tres meses antes del proceso de selección.
Tampoco podrá tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con el presidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni con diputados.