DELINCUENCIA. AUTORIDADES RECONOCEN EL PROBLEMA, PERO AFIRMAN QUE NO ES GRAVE.

Pandillas fragmentadas y letales

La participación de pandilleros en delitos es cada vez más creciente, según reportes oficiales. Mirones pide modificaciones en las leyes de menores y antipandillas.

Pandillas fragmentadas y letales
Pandillas fragmentadas y letales

Panamá está lejos de vivir los horrores que provocan las maras en Centroamérica y Estados Unidos. Al menos eso aseguran las autoridades. Pero aunque los pandilleros locales no tienen la malicia, pericia ni violencia que sus tatuados compañeros del centro y norte del continente, su participación en la comisión de delitos es cada vez más creciente. Y así lo confirman las cifras.

La información más actual de los organismos de seguridad del Estado panameño -en especial de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP)- reconoce el funcionamiento de por lo menos 30 pandillas en la ciudad de Panamá y en Colón, y de otras 50 en el distrito de San Miguelito.

Y si se toma como cierto que cada una de esas bandas está conformada por entre 15 y 20 hombres, la suma indica que en el país hay actualmente cerca de mil 600 pandilleros, la mayoría de ellos armados.

El panorama se hace más preocupante cuando se comprueba que entre 85% y 90% de los expedientes por delitos contra la vida e integridad personal que pasan por la Fiscalía Cuarta Superior -léase homicidios y tentativas de asesinatos- está directa o indirectamente relacionado con miembros de pandillas.

Como dice el titular de ese despacho, Dimas Guevara, cada mes ingresan a esa fiscalía entre 20 y 25 nuevos casos, que si se homologan con los que reciben las otras tres fiscalías superiores -tomando en cuenta la distribución equitativa de los expedientes que se realiza en el Ministerio Público- da una idea de 100 nuevos casos mensuales de delitos contra la vida, 85 ó 90 de estos cometidos por pandilleros.

Asunto de percepción

La buena noticia, al menos desde el punto de vista jurídico, es que por cada expediente que se instruye en las fiscalías del Ministerio Público, uno o dos imputados van a juicio y, al final del proceso, la mayoría termina en las cárceles.

Guevara reconoce que el tema de los pandilleros es un "problema", aunque aclara que las estrategias del Estado para combatir el flagelo comienzan a dar resultados.

Como en Colón, sostiene, donde una de las más peligrosas pandillas, Los Chicos del Norte (con dominio en las calles 3, 4, 5, 6 y 7; y en las avenidas Bolívar y Central), fue prácticamente desmantelada; mientras que otra de las más grandes, la Bambú Lane (cuyo territorio abarca las calles 12, 13, 14, 15 y 16), está a punto de caer. En ambos casos, los integrantes están muertos o presos.

O como en Panamá, donde en días pasados fueron detenidos cuatro menores y un adulto que, de acuerdo con la Policía Técnica Judicial, participaron en los cuatro homicidios registrados en la ciudad capital durante el último mes.

El director de la Policía Nacional (PN), Rolando Mirones, opina que si bien es cierto que las pandillas panameñas son responsables de crímenes violentos, de tráfico y tumbe de drogas, robos y otros delitos, en su gran mayoría no son más que "pequeños grupos que no cuentan con mayores recursos económicos, actúan de manera desorganizada y, por lo tanto, en los lugares donde operan solo logran alcanzar controles de como máximo una calle".

En este mismo sentido, el director de Servicios Especiales de la propia Policía Nacional, Eliseo Aguirre, puntualiza que hoy por hoy lo que existe en el país es una suerte de corriente de opinión pública, de perfil mediático que atribuye a las pandillas todos o casi todos los hechos delictivos que ocurren en las calles, pero en la realidad no es así y, más bien, son bandas de delincuentes comunes o maleantes solitarios los responsables de esos hechos punibles.

Mirones precisa, no obstante, que a pesar de que las pandillas no representan el principal peligro para la sociedad panameña, los organismos de seguridad del Estado hacen lo necesario a fin dedestruir sus ramificaciones, para lo cual, asegura, existen los recursos, programas y el interés de las autoridades.

Estrategias

Entre esas iniciativas figura la creación, hace casi un año, de la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional, con la que esa institución busca evitar que el "asunto" se convierta en un problema como el que se vive en Centroamérica o en Estados Unidos.

En ese último país, por ejemplo, funcionan unas 30 mil pandillas con 800 mil hombres, que representan una de las "principales preocupaciones" de los organismos de seguridad, apenas un escalón por debajo de la amenaza del terrorismo, según informes del Buró Federal de Investigaciones y del Departamento de Justicia.

Dichos estudios dan cuenta, además, de que con poco más de 25 años en las calles las pandillas, que originalmente nacieron en Los Ángeles, Nueva York y Chicago, actualmente han expandido sus operaciones a por lo menos 30 estados de esa nación.

En El Salvador, entretanto, los organismos de policía reconocen la existencia de unos 10 mil pandilleros, miembros de las temidas maras Salvatrucha y 18, a quienes se atribuye siete de los 12 homicidios que ocurren en ese país todos los días.

"Queremos evitar que nuestros niños se conviertan en pandilleros y poner un freno a los que ya lo son", afirma el director de la recién creada unidad de la Policía Nacional, Carlos de Icaza.

Y en esa misma dirección actúa la Policía Técnica Judicial, cuyo jefe de Investigaciones Criminales, Wilfredo Hurtado, precisa que para lograr el cometido se ejecutan planes de inteligencia sustentados en la infiltración de las pandillas e identificación de sus modus operandi.

La idea es identificar a los miembros de los grupos y comprobar su participación en hechos delictivos, para luego remitir los expedientes a la Fiscalía Auxiliar, encargada de instruir los procedimientos correspondientes.

Pero más allá de esas acciones, Rolando Mirones plantea la necesidad de que se promueva un programa integrado entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Policía Técnica Judicial, organismos de derechos humanos y la propia sociedad civil.

Además, dice, las leyes de menores deben modificarse para que brinden a las autoridades mayor amplitud en la investigación y proceso de los infractores; al tiempo que se debe habilitar lugares para recluir a aquellos que infrinjan las leyes.

"Panamá tiene que estar en alerta permanente y no dormirse en los laureles", reconoció.

Dificultades legales

Aunque en teoría las autoridades disponen de los medios para procesar jurídicamente a los pandilleros involucrados en delitos, y así lo sostienen en sus declaraciones, la práctica no es tan expedita como parece.

El fiscal Dimas Guevara reconoce que la Ley 48 del 30 de agosto de 2004 es una buena herramienta en el combate contra la espiral de violencia; sin embargo, aclara que para su aplicación debe llenarse primero una serie de extremos legales.

Por ejemplo, explica, para que se pueda aplicar la Ley Antipandillas los organismos de seguridad primero deben reconocer que existe un grupo como tal, con más de tres miembros. Segundo, deben comprobar que la pandilla ejerce un control territorial, y además que sus miembros se valen de símbolos -tatuajes y graffitis- para cometer sus fechorías e identificarse entre ellos.

De acuerdo con la ley, ser pandillero es de por sí un delito; no obstante, los órganos jurisdiccionales utilizan otros instrumentos legales para procesarlos, pues como explica Guevara no es lo mismo llevarlos a la cárcel por homicidio que por pandillerismo.

Para sancionar este último delito, la norma contempla penas de uno a tres años de prisión en el caso de los miembros "rasos" de los grupos, y de tres a cinco años en el de los jefes.

Se consideran agravantes el que los pandilleros actúen en secuestros, tráfico de armas y drogas, violación sexual o terrorismo, y en esos casos las sanciones aumentan un tercio o incluso la mitad de la pena establecida inicialmente.

No obstante, la sanción se reduce hasta en la mitad de la pena cuando el pandillero contribuye con la desarticulación de su grupo o de otras pandillas.

Otra dificultad en los procesos que involucran a pandilleros es el temor de los informantes y, muy ligado a esto, la poca operatividad de la Ley de Protección a Testigos, que no cuenta con el aparato necesario para garantizar la integridad física de las personas que brinden información en los procedimientos judiciales.

Actualmente, la Ley de Protección a Testigos solo garantiza la reserva del nombre de los informantes.

Artimañas

Rolando Mirones, por su lado, aclara que la Ley Antipandillas sí aplica, pero admite que debe ser modificada en algunos aspectos.

Por ejemplo, dice que los pandilleros veteranos entrenan a los menores no solo para cometer delitos, sino también para defenderse legalmente.

Es así como, según el director de la Policía Nacional, hay algunos menores pandilleros debidamente ilustrados en los vacíos que presenta la ley, y en la mayoría de los casos invocan esas deficiencias en su favor.

Más concretamente, indica, los pandilleros han comenzado a olvidarse de los tatuajes como simbología propia de sus grupos, ya no demarcan abiertamente sus territorios -o al menos no lo hacen tan visiblemente como antes-, y los ejecutores de los delitos evitan vincularse a diario con los líderes, para evitar lo que se conoce como el principio de la asociación delictiva.

Y es que a diferencia de las mafias tradicionales, en las estructuras de las pandillas el líder o cabecilla casi siempre permanece solo, aunque es usual que cuando se moviliza por sus dominios sea seguido y vigilado de cerca por grupos de guardaespaldas (Ver Evolución delictiva).

Además, según añade Carlos de Icaza, las pandillas panameñas han comenzado a aplicar una modalidad que antes no se había visto, y es que utilizan a menores que ni siquiera han cumplido los 14 años de edad para la comisión de delitos, especialmente robos y homicidios, debido a que a esa edad no pueden ser imputables de ningún delito de acuerdo con las leyes vigentes.

CASOS RECIENTES

25 FEBRERO 2006: Funcionarios de la DIIP desmantelan la pandilla Los Chicanos de San Miguelito y detienen a seis de los 10 principales integrantes.

16 MARZO 2006: Sicarios contratados por la pandilla El Pentágono matan en Vía España a Jhonny Pozo, compadre de David Viteri, un ex informante de la DEA procesado por drogas.

25 JUNIO 2006: El Pentágono mata de un disparo en la cabeza a Héctor Ávila hijo, ex líder de la pandilla Los Tiny Toons, en un lugar de Tocumen.

Vea• La ley del miedo• Información clave sobre el perfil de las pandillas y los pandilleros• Evolución delictiva

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