El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Estivenson Girón, indicó este viernes 11 de noviembre que el Foro Mundial de Seguridad Social "va", porque se trata de un compromiso internacional. Poco después, el contralor general de la República, Federico Humbert, presentó una demanda en la que solicita la nulidad del contrato pactado entre la CSS y los organizadores del evento, a un costo de $2.1 millones.
Este viernes, desatendiendo los reclamos del contralor, la CSS extendió la invitación a medios de comunicación para la ceremonia de apertura del foro que será a las 9:00 a.m. del lunes 14 de noviembre de 2016, en el hotel Westin Playa Bonita.
Girón dijo que Humbert está en su derecho de presentar los recursos que considere le permita la ley.
En defensa del contrato, el director de la CSS ha dicho que tras comparar unos siete foros que se han celebrado en Panamá –de los cuales no dio detalles– el Foro Mundial de Seguridad Social es "más barato".
El contralor negó refrendar el contrato, por considerar que su precio "no era el adecuado". Finalmente avaló la contratación, por "insistencia" de la junta directiva de la CSS."La Contraloría no puede aceptar que por vía de una insistencia legal se lesione al erario público, permitiendo ejecutar un contrato a todas luces oneroso para el Estado", sostuvo Humbert.Varios sectores de la sociedad civil organizada han cuestionado los gastos en esta actividad.
Contraloría alega que el contrato violó el Código Civil y varias leyes
La Contraloría General de la República demandó la nulidad del contrato suscrito entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el consorcio formado por Festieventos y Eurolatin Hospitality Corp. (Hotel Westin Playa Bonita).
La acción fue presentada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, este viernes 11 de noviembre por el abogado Jaime Franco Pérez, en representación del contralor Federico Humbert.
Franco Pérez alega que la contratación -que se hizo vía licitación abreviada- es violatoria de varios artículos de la Ley 135 de 1943 -que crea la jurisdicción Contencioso Administrativa-, la Ley 32 de 1984 -que es la ley orgánica de la Contraloría-, la Ley 22 de 2006 -que dicta el marco de las contrataciones públicas en el país- y el Código Civil.
