Una denuncia penal para que se investigue la posible violación a la intimidad de políticos y particulares, a través de escuchas telefónicas ilegales hechas públicas por el portal de internet Wikileaks, fue presentada ayer ante el Ministerio Público (MP) por el catedrático universitario y ex director de la Caja de Seguro Social, Juan Jované.
En la denuncia se cita una nota publicada por el diario estadounidense The New York Times la semana pasada, que hace referencia a cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, según los cuales el presidente, Ricardo Martinelli, pidió al Gobierno de Estados Unidos (EU) ayuda para interceptar teléfonos a través del programa “Matador” de la oficina antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés), sin distinguir claramente entre objetivos criminales y políticos.
La denuncia resalta que, ante la negativa de EU, Martinelli amenazó con recurrir a los servicios de Israel y de Gran Bretaña.
Según la denuncia, “queda evidenciada la existencia de un programa de escuchas telefónicas, el cual se desconoce si cuenta con la autorización de la Corte Suprema de Justicia y que puede estar siendo utilizado para escuchar y perseguir a opositores al gobierno”.
También se plantea que esa actividad viola el artículo 165 del Código Penal, que sanciona con penas de cuatro años de prisión la interceptación telefónica hecha sin contar con autorización judicial.
Por ello, Jované y miembros de organizaciones políticas de la Universidad de Panamá pidieron, además, la apertura de una investigación que, a su juicio, debe ser realizada por una comisión especial.
Sobre el polémico tema, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, explicó el pasado martes durante una entrevista por televisión, que las escuchas se aplican solo en casos de narcotráfico y secuestros, y únicamente previa autorización judicial.