Las Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá solicitaron ayer al presidente, Martín Torrijos, su intervención en el conflicto creado por el secuestro de Petroterminal de Panamá, S.A., ordenado por el Primer Tribunal Marítimo de Panamá, a petición de poblaciones afectadas por el derrame de crudo del pasado 4 de febrero, en Chiriquí Grande, Bocas del Toro.
Enzo Polo, de la Cámara de David, acompañado de Domingo Latorraca, de la Cámara capitalina y de Venancio Caballero, de la Cámara de Bocas del Toro, expresaron su preocupación por los efectos negativos que la paralización del trasiego está causando en la economía de la región, pero sobre todo por el perjuicio que se causa a las futuras inversiones y a la seguridad jurídica.
Latorraca advirtió al Ejecutivo que dado que el Estado es accionista mayoritario de PTP, debe acordar lo pertinente con las entidades afines, tanto públicas como privadas, a fin de garantizar una rápida normalización de las operaciones de Petroterminal.
Ya antes, un comunicado de la Cámara Marítima calificó de "desmedida" la demanda y el secuestro de hasta por 500 millones dólares promovidos por el jurista Silvio Guerra, y acogidos por el juez Calixto Malcom, ya que afecta reservas petroleras de terceras empresas almacenadas en los tanques de PTP. La fianza, alegan, solo fue de mil 500 dólares.
No obstante, el abogado marítimo Francisco CarreiraPittí explicó que en la jurisdicción marítima las fianzas siguen siendo nominales (mil dólares únicamente), pero al mismo tiempo el juez exige que se presenten pruebas que justifiquen el reclamo.
A su vez, la Federación Chiricana de Sindicatos Obreros pidió la solidaridad de todos los sindicatos del país en favor del Sindicato de Trabajadores de PTP, ya que la pretensión de lograr una indemnización superior a los 500 millones de dólares para los grupos afectados, dejaría cesantes a 200 obreros.
CALCULAN PÉRDIDAS
Las empresas afectadas con el secuestro son Unicom, Management Services, The West of England Shipowners, Romantic Navigation, y Northville Industries Corp. Según Polo, se está calculando a cuánto ascienden las pérdidas que sufren las navieras, los dueños de mercancías, los trabajadores de los puertos, los proveedores de barcos, y cuánto dejan de percibir los municipios en impuestos con esta paralización.
Frente a estos planteamientos, el abogado Silvio Guerra sostuvo que sus pretensiones no son desmedidas, ya que la justicia estadounidense condenó a la petrolera Exxon Mobil a pagar 4 mil millones de dólares por el derrame de crudo en Alaska, en 1989, debido a los daños ecológicos.
En tanto, Harley Mitchell, asesor legal de la Autoridad Nacional del Ambiente, adelantó que el informe final de esa entidad para establecer el grado de responsabilidad de PTP en el derrame de crudo, estará listo la próxima semana.
