Una denuncia criminal por abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, presentó en horas de la tarde de este martes, 1 de marzo, ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, el abogado Rosendo Rivera.
Rivera sustenta la denuncia al plantear que Ayú Prado cometió presuntamente hechos dolosos en el proceso de investigación contra un grupo de personas que atentaban contra la administración de justicia, iniciada a mediados de 2015.
Rivera explica que en una nota remitida por Ayú Prado a la Fiscalía Auxiliar de la República, a cargo de Marcelino Aguilar, en una operación de vigilancia y seguimiento del Órgano Judicial que él solicitó, sugirió como enlace para facilitar el desarrollo de la operación de vigilancia al mayor Ameth Cáceres Muñoz, el cual había laborado con él en su condición de magistrado fiscal en el proceso penal seguido contra el magistrado suplente de la Asamblea Nacional Samuel Bennett.
También asegura Rivera, el magistrado Ayú Prado le dio indicaciones al fiscal sexto Anticorrupción de la Procuraduría de la Nación, Aurelio Vásquez, para que a las personas investigadas en razón de la denuncia interpuesta por su persona, les sean aplicadas medidas cautelares de restricción de acercarse al edificio Gil Ponce, donde funciona la Corte, tribunales superiores y juzgados de circuito penal.
Ambas actuaciones de Ayú Prado fueron catalogadas por Rivera como una “intromisión” en la labor del Ministerio Público, la cual “debe actuar libre de cualquier tipo de intromisión, sean estas internas o externas […] De manera que cuando estas resulten desbordadas, los funcionarios que las transgreden, deben responder por este tipo de actuaciones”.
Según el jurista, el magistrado Ayú Prado cometió un acto doloso, que conlleva indefectiblemente, la pérdida del empleo, además de la sanción penal que solicita se le imponga dentro de esta causa.
